La fiscal encargada del caso Prestige , Beatriz Pacios, ha pedido al juez instructor de la causa que investigue a fondo la actuación durante toda la crisis del Centro de Coordinación de Operaciones (CECOP), organismo dependiente de la Delegación del Gobierno de La Coruña. La acusación pública solicita que se requiera al ente público que afrontó la catástrofe más de veinte informes explicativos sobre el accidente del Prestige y la marea negra que ha provocado.
La fiscal reclama que el CECOP justifique, entre otras cuestiones, por qué no se estableció "ningún plan de recogida del vertido", cómo y quién adoptó la decisión de alejar el barco --con la aportación de los estudios técnicos si existen-- y por qué posteriormente se permitió al petrolero cambiar el rumbo marcado.
Por el momento, en la causa sólo están imputados de los presuntos delitos de daño ecológico y desobediencia a la autoridad, el capitán, el jefe de máquinas y el primer oficial del petrolero siniestrado. Fuentes jurídicas interpretan la petición de datos por parte de la fiscalía como una clara señal de que "ésta ha visto indicios de responsabilidad civil o penal por parte del Estado".
MEDIDAS ADOPTADAS
Sólo así puede entenderse que la fiscal pida los siguientes cuatro informes: el plan de actuación que se llevó a cabo para ir solventando el vertido del buque, las medidas que se adoptaron en ese momento para la recogida del citado fuel ese día, por qué no se estableció ningún plan de recogida del vertido el propio día 13 y siguientes, y si se elaboró algún estudio sobre el riesgo de vertido debido a la operación de alejamiento del barco. En este punto, solicita el informe técnico donde figuraba la tesis de que "el fuel se solidificaría a 3.000 metros". Estos informes podrían abrir la vía para la ulterior imputación de algún funcionario o alto cargo por delito ecológico.
Pero donde es más exhaustiva la fiscal es en todo el proceso de toma de decisiones que llevaron a acordar el alejamiento del petrolero. En su escrito, recoge la mayor parte de las dudas sembradas por expertos y partidos de la oposición y propone exigir a la Delegación del Gobierno que aporte, "si existen", los informes técnicos en los que se basó cada una de las decisiones, quienes fueron sus autores y detalle de su contenido. También pide que declaren los capitanes de las fragatas Baleares y Cataluña por si recibieron alguna orden.
