El informe sobre extranjería de la memoria anual de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias correspondiente al 2002 denuncia el "hacinamiento" en los centros de retención de inmigrantes de Lanzarote y Fuerteventura, donde se dan unas condiciones "insoportables". El documento dice que "es imposible llevar a cabo" el sistema de coordinación marcado por la fiscalía general del Estado para controlar la llegada de sin papeles debido a la falta de medios y al "desbordamiento" que la oleada de pateras causa en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria.

Benito Codina Casals, viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración del Gobierno canario, afirma que "hay que contrastar" esas valoraciones de la fiscalía. "Podemos asegurar que en los centros de retención el trato que se ofrece a los inmigrantes es el adecuado", añade. Codina apoya esta afirmación en el hecho de que en esos recintos "trabajan personas de ONG como Cruz Roja, y si la situación fuese tan preocupante, ya lo habrían denunciado".

El viceconsejero añade que ante la masiva llegada de sin papeles al archipiélago se han agilizado de manera considerable los trámites de repatriación, "lo que ha provocado que un 90% sean devueltos a su país de origen incluso antes de que se cumplan 40 días".

Asegura que la situación es la adecuada en los centros de retención de El Matorral, las viejas terminales de los aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote y el de Barranco Seco, en Gran Canaria. Con la puesta en marcha del de Hoya Fría, en Tenerife, cree que la capacidad de alojamiento será la idónea y las condiciones de atención mejorarán.

La fiscalía no comparte del todo esta afirmación, y asegura que los medios en Barranco Seco "han mejorado", pero matiza que las reformas "se han llevado a cabo sin sopesar los riesgos que la convivencia de tanta gente puede generar en un espacio tan reducido".