La Fiscalía General del Estado ha creado una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual.
La fiscalía ha señalado que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la justicia", para evitar situaciones como la ocurrida en el caso de Santiago del Valle, detenido por la muerte de Mari Luz Cortés, que se encontraba en libertad a pesar de haber sido condenado por abusos sexuales sobre su hija de cinco años.
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, ha aconsejado que, antes de abrir un debate sobre la implantación de nuevas medidas en relación con los pederastas, hay que averiguar "qué es lo que ha funcionado mal" en este caso en concreto. Para Pérez, el error no está "tanto en que los mecanismos sean inadecuados o insuficientes, sino en que no han funcionado adecuadamente" y ha señalado que, una vez determinadas las responsabilidades, el Gobierno verá "cuáles son las medidas legislativas y organizativas que hay que adoptar", pero no "al calor de la indignación".
POLEMICA DEL CGPJ El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, ha hablado con el padre de Mari Luz y se ha comprometido a investigar lo ocurrido, depurar responsabilidades y proponer medidas para que no vuelva a pasar.
Seis vocales de la minoría progresista del CGPJ han propuesto al pleno de la fiscalía la reprobación y cese de su portavoz, Enrique López, por las declaraciones en las que ha abogado por abrir un debate sobre la cadena perpetua. Según indica el escrito remitido al pleno, la expresión cadena perpetua "por si misma tiene un significado social demoledor, contrario al valor constitucional reconocido en el artículo 25.2 de nuestra Constitución".
López ha señalado que él no ha propuesto que se instaure la cadena perpetua, sino que se abra un debate para que se estudie la aplicación que se hace en Francia y Alemania, donde está supeditada a una supervisión y ha asegurado que lo ha hecho no como portavoz, sino como jurista.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha afirmado que es responsabilidad de la fiscalía aclarar lo ocurrido con "la inspección que se hizo en noviembre en el juzgado de Sevilla y que no detectó irregularidades".
Asimismo, el presidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves, junto con el delegado del Gobierno en la comunidad, Juan José López Garzón, se reunió en la tarde de ayer con el padre de Mari Luz, para transmitirle "el mayor afecto y calor", ante lo sucedido.
