La Fiscalía General del Estado ha creado hoy una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual. La Fiscalía ha señalado que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la Justicia", para evitar situaciones como la ocurrida en el caso de Santiago del Valle, detenido por la muerte de Mari Luz Cortés, que se encontraba en libertad a pesar de haber sido condenado por abusos sexuales sobre su hija de cinco años.
El secretario de Estado de Justicia en funciones, Julio Pérez, ha aconsejado que, antes de abrir un debate sobre la implantación de nuevas medidas en relación con los pederastas, hay que averiguar "qué es lo que ha funcionado mal" para que el presunto asesino de Mari Luz no estuviese en la cárcel. Para Pérez, el error no está "tanto en que los mecanismos sean inadecuados o insuficientes, sino en que no han funcionado adecuadamente" y ha señalado que, una vez determinadas las responsabilidades, el Gobierno verá "cuáles son las medidas legislativas y organizativas que hay que adoptar", pero no "al calor de la indignación".
El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha coincidido con Pérez al asegurar que el CGPJ debe explicar "por qué no se emite una orden de busca y captura a una persona que ya está condenada" y ha afirmado que es responsabilidad de este órgano aclarar lo ocurrido con "la inspección que se hizo en noviembre en el Juzgado y que no detectó esas irregularidades". "El fallo clamoroso que se ha producido en el sistema judicial", ha añadido Alonso, "no tiene que ver" con la necesidad de nuevas medidas judiciales, sino con "una cuestión que dice la Constitución, que los jueces ejecutan y deben hacer ejecutar lo juzgado".
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Francisco José Hernando, ha hablado esta mañana con el padre de Mari Luz y se ha comprometido a investigar lo ocurrido, depurar responsabilidades y proponer medidas para que no vuelva a pasar. El CGPJ abrió el pasado jueves una investigación para determinar por qué Santiago del Valle se encontraba libre, a pesar de haber sido condenado en dos ocasiones por delitos sexuales. Esta investigación se centra en la actuación desarrollada por el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, encargado de ejecutar la sentencia que pesa sobre del Valle.
Tirado ha asegurado que no quiere entrar en polémicas sobre la baja de la funcionaria que ejecuta las sentencias y ha asegurado que la documentación que obra en el juzgado demostrará lo sucedido. El juez había manifestado que la funcionaria estuvo de baja durante cinco meses sin ser sustituida, mientras que la Junta de Andalucía asegura que la baja fue cubierta a los cuarenta días. La Junta de Personal de Justicia de Sevilla ha negado cualquier responsabilidad de los funcionarios en este caso, ya que "les está vedado tomar cualquier decisión de tipo jurisdiccional", y ha exigido que se depuren responsabilidades en el Ministerio de Justicia, Junta de Andalucía, Poder Judicial o Fiscalía.
Seis vocales de la minoría progresista del CGPJ han propuesto al pleno de este órgano la reprobación y cese de su portavoz, Enrique López, por las declaraciones en las que ha abogado por abrir un debate sobre la cadena perpetua. Según indica el escrito remitido al pleno, la expresión cadena perpetua "por si misma tiene un significado social demoledor, contrario al valor constitucional reconocido en el artículo 25.2 de nuestra Constitución". López ha señalado que él no ha propuesto que se instaure la cadena perpetua, sino que se abra un debate para que se estudie la aplicación que se hace en Francia y Alemania, donde está supeditada a una supervisión y ha asegurado que lo ha hecho no como portavoz, sino como jurista.
