La fuga de Juana Rivas para evitar devolver a sus dos hijos al padre, condenado por malos tratos, le puede costar la cárcel. La Fiscalía la acusa de sendos delitos de sustracción de menores, uno por cada niño, y pide una pena de cinco años de prisión en su escrito de calificación provisional. Aunque la noticia fue un jarro de agua fría, Rivas aseguró que seguirá «peleando» por el bienestar de los hijos, convencida de que «la justicia hay que pelearla hasta el final». «Seguiré la lucha hasta la victoria porque esto no puede acabar de otro modo», afirmó.

El escrito de la fiscalía, previo a la apertura de juicio oral, no solo pide cárcel para Rivas, sino que además solicita la inhabilitación para la patria potestad durante un plazo de seis años. Como argumento aduce la desobediencia de la madre a las cinco resoluciones judiciales que le instaban a devolver a los menores a su padre, a quien le fue concedida la tutela después de presentar en Italia una denuncia en ese sentido con Rivas ya huida a España. La acusada, «consciente de las anteriores resoluciones judiciales, con ilícito ánimo de incumplirlas, permaneció oculta con sus hijos en un lugar indeterminado sin facilitar su paradero y a sabiendas de la obligación que pesaba sobre ella de restituirlos», esgrime el ministerio público.

SIN MENCIÓN A LA CONDENA / La información sobre el escrito, facilitada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, no hace referencia alguna a los antecedentes por maltrato del padre de los menores, condenado en el 2009, o a las denuncias formuladas por Rivas posteriormente. Se limita a subrayar que la madre se marchó de Italia en mayo del 2016 con los niños, de 11 y 3 años, para supuestamente visitar a unos familiares y en agosto de ese mismo año comunicó al padre que no regresaría con ellos, permaneciendo un mes desaparecida.

En este sentido, desde la defensa de Rivas tratarán de hacer hincapié en su calificación de los hechos en estas circunstancias que motivan la negativa de Juana a regresar, y que ya han tratado de hacer llegar al juez en las comparecencias judiciales por este caso. Así, recuerdan que nada más llegar a España la mujer presentó una denuncia por maltrato que, tras varios retrasos en los tribunales, aún está pendiente de ser tramitada por la Justicia italiana, competente al ser allí donde se habrían producido las supuestas agresiones.

Por su parte, el exmarido de Juana, que presentará su escrito de calificación en los próximos días, ya ha adelantado comparte la acusación del fiscal y que añadirán además un delito de desobediencia judicial. Rivas no ve a los dos menores desde el pasado fin de año, ya que ambos permanecen con su padre en Italia. Allí continúa abierto el procedimiento civil para decidir sobre la guarda y custodia de los menores.

La decisión de la Fiscalía es vista «con preocupación», cuando no con «vergüenza», por partidos como el PSOE o Podemos. Ambas formaciones hacen hincapié en que la desaparición de Rivas estaba «encaminada precisamente a proteger a los menores», un dato que «que no debería ser indiferente» a la hora de que la Justicia tome este tipo de decisiones, según los socialistas.

Más dura se mostró la asesora de Rivas y directora del centro de la Mujer de Maracena, también procesada en el caso, Francisca Granados, que consideró que se trata de un «palo terrible» para «el conjunto de las víctimas de violencia de género» y un «ejemplo paradigmático de la desprotección tan terrible que todavía tristemente se está produciendo en las víctimas».