El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha propuesto a los gobiernos autonómicos que se acojan a un nuevo marco normativo que estará listo en septiembre y que les habilitará para tener capacidad regulatoria en materia de licencias de VTC, mientras las que no lo deseen seguirán bajo el marco estatal.
Esta fue la principal propuesta lanzada por Ábalos a los representantes de las comunidades autónomas en la reunión de tres horas que mantuvieron en la sede del ministerio, junto a la creación de un grupo de trabajo que estudie soluciones en profundidad para el conflicto entre VTC y taxi, con un plazo de tres meses.
Ábalos confió en que estas decisiones sirviesen para la desconvocatoria de las movilizaciones de los taxistas e indicó que las dos propuestas fueron expresadas a los dirigentes de las asociaciones de taxistas el lunes pasado y a la patronal de los VTC ayer, martes, y que «están por la labor».
En la mañana de ayer, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, había considerado «razonable» que se transfiriese a las comunidades la competencia de dar licencias a empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC) pero matizó que si esto lleva aparejado algún gasto, tiene que acompañarse de los recursos correspondientes.
Vara se expresó así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la propuesta del Ministerio de Fomento en este sentido.
«A mí no me parece mal», manifestó el jefe del Ejecutivo regional, quien precisó que el ministro del ramo le llamó el domingo para conocer su parecer al respecto.
Subrayó que España es un país «absolutamente descentralizado», por lo que le parece «razonable» que «las decisiones se puedan tomar en contacto con la realidad que se vive» y no en «un despacho de Madrid». No obstante, agregó que de producirse esta transferencia, debe ir acompañada de «algunos criterios generales» que permitan «armonizar de alguna manera, para que no sea una cosa y la contraria en unas regiones y en otras». Y si esa competencia lleva aparejada algún tipo de trascendencia económica, incidió, «tendrá que venir dotada» y «trasladarse aquello que se llama el coste efectivo de los servicios».
DETENCIONES / Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido esta semana en Madrid a tres taxistas e investiga más de 60 denuncias por agresiones físicas, daños a vehículos, coacciones y desórdenes públicos contra vehículos de transporte con conductor (VTC), confirmaron ayer a Efe fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Las mismas fuentes precisaron que el último de los arrestos se produjo el martes por la noche.
Según un comunicado de la Delegación del Gobierno, el martes se celebró una reunión entre representantes de la Delegación, de la Policía Nacional y de la patronal de VTC Unauto, en la que se abordaron aspectos relacionados con la seguridad.
Durante el encuentro se explicaron las medidas que se han adoptado durante estos días, coincidiendo con las movilizaciones del sector del taxi, y los miembros de Unauto (que agrupa a Uber, Cabify y otras empresas de VTC) trasladaron a la Delegación del Gobierno sus inquietudes y demandas.
