Era previsible que la fórmula del Ejecutivo para cerrar las webs que faciliten el intercambio no autorizado de archivos iba a contar con el rechazo del colectivo internauta. Lo que no estaba claro es que fuese aplaudida por un sector cultural que lleva años acusando al Ejecutivo de "inacción contra la piratería". Y eso es lo que ayer pasó tras el anuncio del proyecto.
"Está bien --dijo Joan Navarro, el director de la Coalición de Contenidos, la plataforma que agrupa a la industria audiovisual--. Es un paso positivo, aunque no al 100%. Piratería seguirá habiendo, pero el clima de impunidad se acabará. Serán los piratas, y no los creadores como hasta ahora, quienes tengan que defenderse".
Un compromiso que a ojos del presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, está a años luz de los deseos de los ciudadanos. "La sociedad cree que las descargas son buenas y el Gobierno no la ha convencido de lo contrario --señaló--. No se ha escuchado a la sociedad; solo a los intermediarios culturales. Esta ley no es ninguna solución, solo un atajo a un problema complejo. Además, la norma tendrá un efecto corto en el tiempo, e incluso puede que los avances de la tecnología hagan que nazca obsoleta, porque la fórmula del Gobierno está enfocada a webs de enlaces y pronto habrá un sistema distinto para intercambiar archivos".
Navarro contestó que "quizá", pero resaltó el valor educativo del proyecto y sostuvo que el 2010 será el año del despegue de los servicios legales para ver filmes y escuchar música. "Una parte importante del pastel publicitario que antes tenía TVE irá a parar a internet, pero en lugar de ir a las páginas de descargas ilegales, que estarán cerradas, recaerá sobre las plataformas legales, sobre Spotify, por ejemplo, que comenzará su ascenso".
"No estamos nada tranquilos --dijo Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Usuarios--. Con la designación de la Audiencia Nacional, el Gobierno pone a quienes descargan a la altura de los narcotraficantes y los terroristas".
