Los administradores judiciales de Fórum Filatélico esperan pagar 328,74 millones de euros, el 10% de las inversiones de los clientes y de las deudas de los acreedores ordinarios, en cuanto se apruebe el plan de liquidación de la empresa, lo que sucederá previsiblemente antes de que termine el 2008.
En su propuesta para liquidar los bienes y derechos Fórum, que acaba de ser presentada, los administradores nombrados por el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid consideran que "no es posible, ni aconsejable" vender todo en el plazo de un año que establece ordinariamente la Ley Concursal, dada la mala situación económica y la "crisis absoluta" del mercado inmobiliario.
El plan contempla que el primer pago a los clientes se realizará "de forma inmediata" y con cargo a la tesorería de la empresa, "una vez atendido el pago" de acreedores privilegiados como la Hacienda Pública, los ayuntamientos o la Seguridad Social, y abonadas las indemnizaciones a los trabajadores en activo de Fórum.
Los administradores concursales recuerdan que, tras ese primer pago, quedarían pendientes de abonar 2.958,63 millones de euros, de los que 2.925 millones corresponden a clientes, entre los que se encuentran un alto número de extremeños, que no recuperarán la totalidad de sus inversiones dado el agujero patrimonial de 2.801 millones que cifraron definitivamente en junio. No obstante, en el inventario de bienes y derechos de la sociedad no están incluidas, por ejemplo, las devoluciones de cuotas del Impuesto de Sociedades del 2005, 2006 y 2007, por un importe de 57,47 millones de euros. A medida que se obtengan estas cantidades y se vendan los bienes, se realizarán pagos del 5% de la deuda inicial.
El equipo jurídico que asesora a los antiguos administradores de Fórum ha pedido al juez mercantil Santiago Senent que resuelva el recurso que interpusieron contra la liquidación antes de que apruebe el plan de venta de activos, del que les ha sorprendido la escasa importancia dada a la filatelia. En sus primeras impresiones, el equipo jurídico cree que las afirmaciones de los administradores concursales "simbolizan su incapacidad" para liquidar los sellos de forma eficaz "y su absoluta falta de voluntad".
