La defensa de los derechos humanos constituye uno de los principales orgullos de Francia, que actúa en este terreno de un modo históricamente legitimado --desde la Revolución de 1789-- para dar lecciones en la materia. No es de extrañar, pues, que el Gobierno galo quiera culminar su presidencia de la UE impulsando, a través de la ONU, una declaración universal de despenalización de la homosexualidad. Una guinda para la imagen exterior que es poco coherente con la política interior en materia de reconocimiento de uniones entre homosexuales y que viene a desestabilizar la luna de miel entre la república laica por excelencia y el Vaticano.
La Santa Sede ha puesto el grito en el cielo. Primero fue el observador del Vaticano en la ONU, Celestino Migliore, quien dijo que la declaración provocará que "los Estados que no reconozcan la unión entre dos personas del mismo sexo como matrimonio sean puestos en la picota". Tras precisar que la Iglesia es hostil hacia las legislaciones violentas o discriminatorias con los homosexuales, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, se ha sumado a la desaprobación. A su juicio, la iniciativa "introduce una declaración de valor político que puede convertirse en instrumento de presión para aquellos que consideren el matrimonio entre un hombre y una mujer como la forma fundamental y original de la vida social".
