Nuevo fallo garrafal en los mecanismos judiciales. La Audiencia Nacional se vio obligada ayer a dictar órdenes de busca y captura para seis presuntos narcotraficantes que no se presentaron en el juicio que comenzaba por el desembarco de unos 800 kilos de heroína en 1999. Los fugados estaban en libertad porque ya habían agotado el tiempo máximo de estancia en prisión previa al juicio. Este límite de cuatro años de prisión provisional, sin embargo, no ha sido suficiente para tenerlo todo preparado para el juicio.
En el banquillo debían sentarse 22 personas. Sin embargo, faltaron siete de los procesados. Por ello, el tribunal decidió ordenar la detención de seis de ellos tras comprobar que el séptimo, Manuel Alberto Pavía García, estaba ingresado en un hospital por una lesión en un codo.
Fuentes jurídicas explicaron que esta comprometida situación se inició cuando Portugal dejó en libertad al principal responsable de la red, José Gomes Pires, tras juzgarle en ese país. La Audiencia había accedido a su entrega al país vecino para ser enjuiciado, ya que vencían los plazos. Sin embargo, Portugal no lo devolvió a España porque la Audiencia Nacional había dictado su libertad provisional al haber cumplido el tiempo máximo de cuatro años de prisión preventiva. El fiscal le reclama 32 años de cárcel y multa de 100 millones de euros (16.638 millones de pesetas).
La Sección Primera intentó sin éxito localizar a Gomes Pires y por ello pidió la colaboración de instancias judiciales internacionales. No obstante, según fuentes jurídicas, no han recibido respuesta a su petición. La hija de este presunto narcotraficante, Silvia Claudia Marqués, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel y multa de 75 millones de euros (12.749 millones de pesetas), también escapó.
