Los 50 fiscales delegados de Seguridad Vial, reunidos en León a finales de enero pasado, acordaron abrir una vía penal inédita que, de llevarse a la práctica, será un paso histórico. Se trata de perseguir a los funcionarios, encargados de obras o de concesionarias de autopista responsables de crear "graves riesgos para circulación" debidos a fallos en las infraestructuras. Para conseguirlo se utilizará el artículo 385 del Código Penal. Este artículo lleva muchos años en vigor, pero solo había sido aplicado a los conductores.
Las cifras del primer año de puesta en marcha del nuevo Código Penal dejan pequeña cualquier otra iniciativa que se haya llevado a cabo nunca en el terreno de la seguridad vial. El endurecimiento entró en vigor el 2 de diciembre del 2007 y un año después, los juzgados de instrucción habían celebrado ya 52.299 juicios rápidos con los nuevos tipos penales, de los cuales el 95% --49.988--, se resolvieron por conformidad. Estas cifras contrastan con las del carnet por puntos. Dos años y medio después de su implantación, solo 14.000 conductores han perdido el permiso.
