El ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), encargado de la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Lleida, tendrá que invertir 30 millones de euros (unos de 5.000 millones de pesetas) en once poblaciones de las provincias de Lleida, Huesca, Zaragoza y Guadalajara, para reparar los daños ocasionados en ellas durante los tres años que duraron las obras.
El paso de los operarios del AVE por las diversas localidades dejó caminos destrozados, desagües sin construir y hasta un puente, como en Alcarr s (Lleida), "con graves problemas estructurales, que supone un serio peligro para los vecinos", recordó ayer el alcalde de la localidad, Gerard Serra (CiU).
El organismo, dependiente del Ministerio de Fomento, ha sido condenado por el titular del Juzgado Contencioso-administrativo número 4 de Madrid, que considera que el GIF, presidido entonces por Juan Carlos Barrón, actuó con "pasividad" al no ejecutar correctamente las obras de compensación comprometidas en 1998 con los vecinos afectados.
Este fallo judicial sienta un importante precedente para los numerosos ayuntamientos que están descontentos por los destrozos que dejan las obras del AVE en sus términos municipales. En las próximas semanas, otros consistorios podrían emular a estos once y llevar ante el juez al ente encargado de la construcción del AVE. Después de que el GIF diera por finalizadas las obras, en el año 2001, los problemas empezaron a proliferar y los ayuntamientos se unieron para demandar al ente.
El GIF tiene un plazo de 15 días para recurrir contra la sentencia, pero los alcaldes esperan que el nuevo Gobierno central descarte esta opción y acabe aceptando el fallo.
