Los inmigrantes llegados estas semanas a las costas andaluzas en condiciones lamentables hallarán ayuda humanitaria pero no una relajación en la aplicación de la Ley de Extranjería. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer en que la normativa se cumplirá a rajatabla, aunque lamentó la tragedia de los 28 subsaharianos muertos.

Además, apuntó que la situación de los 33 supervivientes de Almería y los 23 de Motril se abordará "desde el punto de vista del derecho humanitario"y recordó que el reglamento de Extranjería prevé situaciones excepcionales, "pero no el derecho de asilo por naufragio".

De la Vega negó cualquier tipo de relajación en los controles de la inmigración irregular y manifestó que para combatir dramas es por lo que el Gobierno se reafirma en la política de inmigración que viene desarrollando.

Las declaraciones de la vicepresidenta contrastan con los cálculos de organizaciones que, como ProDerechos Humanos, alertan de que existen unos 4.000 subsaharianos esperando en las costas africanas para jugarse la vida en el Estrecho. Rafael Lara, portavoz de Inmigración de APDH, criticó la normativa de inmigración de la UE y apuntó que "aunque el verano es época propicia para el repunte de pateras, detrás de la avalancha de estas semanas se esconde un efecto alerta".

Mientras tanto, los cinco inmigrantes trasladados a hospitales de Almería evolucionan favorablemente.