España, por fin, tendrá un Consejo de Medios Audiovisuales, una especie de Consejo de Audiovisual (CAC) estatal. A pesar de tratarse de una reivindicación histórica del sector, el Ejecutivo dio ayer el primer paso para dar luz verde al organismo, cuya creación lleva postergando desde el 2005, a pesar de que casi todos los países europeos lo tienen.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la ley general audiovisual. El texto --que responde la transposición de una directiva europea-- deberá regresar de nuevo al Ejecutivo para su ratificación y de ahí irá al Parlamento, que lo aprobará definitivamente.

Según las previsiones del Gobierno, el Consejo de Medios Audiovisuales tendrá capacidad sancionadora y estará formado por siete miembros, que serán elegidos por el Congreso por un mandato de seis años.

Además, recuerda que las televisiones están obligadas a invertir el 5% de sus ingresos anuales en cine español y europeo, pero añade a la lista las series, los documentales y la animación, algo que responde a una vieja reivindicación de las cadenas. El texto también regulará la televisión digital terrestre de pago y fija las condiciones para que pueda verse en la Valencia TV-3, y Canal 9, en Cataluña.