El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo para impulsar un conjunto de reformas legislativas en materia de violencia de género que permitan luchar de manera "más eficaz" contra esta lacra social y ha dado prioridad en este sentido a la protección de los menores que se encuentran expuestos a la violencia de género y que sufren sus consecuencias de una forma directa o indirecta.
Para ello reformará el Código Civil de manera que una persona no pueda ejercer la custodia individual de los hijos tras una separación o divorcio si está imputada en un proceso penal como presunto autor de malos tratos a su pareja.
Además, el Gobierno tiene previsto introducir reformas legales para impedir que los hombres condenados por delitos relacionados con la violencia de género puedan heredar el patrimonio de la víctima, por lo que esos delitos figurarán entre las causas de "indignidad sucesoria y desheredación".
Entre las medidas acordadas, el Gobierno ha decidido también elaborar un protocolo para atender a las mujeres españolas que son víctimas de violencia de género y residen en el extranjero, además de protocolos de atención sanitaria para mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como inmigrantes o con discapacidad.
Respecto a la custodia, el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, destacó que será, en cualquier caso, una medida de carácter cautelar que deberá adoptar el juez de lo civil para proteger a los hijos mientras se resuelve el proceso penal abierto contra el presunto maltratador.
Por su parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria consideró un "ataque a la presunción de inocencia" la medida.
