El Gobierno pidió ayer al Tribunal Constitucional que se oponga a la suspensión de la ley del aborto que pide el PP, en un escrito en el que insiste en la constitucionalidad de la norma. El abogado del Estado recuerda, en su escrito, la doctrina del alto tribunal que no le permite acordar la suspensión cautelar de leyes estatales aprobadas por las Cortes porque lo impide la Constitución.
El Gobierno explica al PP que las leyes que salen del Parlamento gozan de una "presunción de legitimidad" por lo que solo pierden su vigencia cuando se dictamina que son inconstitucionales. Mientras tanto, son plenamente vigentes.
También aclara al partido de Mariano Rajoy que el Constitucional no puede tratar un recurso de inconstitucionalidad, como el planteado por el PP, como un recurso de amparo en el que sí cabe la suspensión por posible vulneración de derechos fundamentales.
LOS RECURRENTES Asimismo, el abogado del Estado sostiene que los diputados que han impulsado esta cuestión de inconstitucionalidad "no defienden derechos o intereses", sino que su "función es la de impulsar un mecanismo de depuración de los eventuales contenidos inconstitucionales de una norma legal, en defensa del interés general".
Finalmente, el Gobierno insiste en que la ley del aborto es legal porque no introduce "en el ordenamiento jurídico las condiciones" para interrumpir un embarazo, sino que "modifica" el régimen jurídico, según se recoge en la exposición de motivos de la ley que ha recurrido el PP.
El Tribunal Constitucional no tiene previsto reunirse esta semana para deliberar sobre la petición del PP, ya que aún trabaja en la sentencia del Estatut de Cataluña.
