El modelo de la sanidad pública española, y la posibilidad realista de mantenerlo tal cual es ahora y en el futuro, fueron los elementos clave de la discusión que ayer mantuvieron los consejeros de salud de las 17 comunidades autónomas españolas y la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez. Fueron unánimes en acordar que el sistema es bueno y merece ser salvado. Para ello, coincidieron, es urgente adoptar drásticas medidas que permitan ahorrar, frenar el gasto y proporcionar ingresos. Para empezar, acordaron aprobar antes de mayo un real decreto que conduzca a una reducción del gasto por fármacos recetados en 1.500 millones de euros anuales --ahora es de 13.000 millones de euros--.

La medida afecta al precio de los medicamentos financiados por la sanidad pública. "No solo no repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos, sino que les supondrá un ahorro global de unos 100 millones de euros anuales, gracias a la menor aportación directa que harán de los trabajadores en activo y los mutualistas funcionarios", dijo la ministra Jiménez.

REVISION DE PRODUCTOS La principal partida de ahorro, 916 millones de euros, provendrá de la revisión de los llamados "precios de referencia", el coste máximo que pagan las autonomías por los fármacos que se consumen. Además, se reducirá un 25% el precio de fármacos genéricos, y un 20% el coste de vendajes, pañales y productos de enfermería financiados. Por primera vez, se fijará un coste máximo a los fármacos que tratan síntomas menores, en especial, analgésicos de alto consumo (paracetamol, ibuprofeno...).

Las administraciones tratarán de que los ciudadanos sean conscientes de lo que cuesta la asistencia que reciben: las visitas a las urgencias, las pruebas diag-nósticas, los días de ingreso hospitalario o las operaciones seguirán siendo financiadas por el sistema público, pero el usuario se irá a casa con una factura sombra que detallará lo que cuesta el servicio que se le ha prestado.

Las medidas adoptadas se dirigirán a frenar el creciente déficit en la asistencia sanitaria española, que se estima asciende a unos 12.000 millones de euros: se está gastando entre un 5% y un 10% más de lo presupuestado.

De las cuestiones debatidas ayer por el Consejo Interterritorial de Salud solo motivó decisiones concretas el capítulo del medicamento. Para debatir antes del verano quedaron asuntos como la revisión del modelo de fiscalidad que repercute en la sanidad o el análisis de la aportación que hacen los usuarios. La palabra copago provoca rechazo. Tampoco se consideró aceptable la posibilidad, apuntada estos días, de que el Ministerio de Sanidad centralice a través de un único organismo la compra de fármacos y material médico.