El Gobierno cumplió ayer su promesa de crear un registro para evitar casos como el de Mari Luz, la niña onubense cuyo presunto asesino se encontraba en libertad pese a haber sido condenado en sentencia firme por abusos a su propia hija. El Consejo de Ministros aprobó la puesta en marcha del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, un nuevo banco de datos con el que se pretende acabar con la descoordinación y las carencias informáticas que dieron lugar al episodio protagonizado por el juez sevillano Rafael Tirado.

Una de las claves que explican el retraso de más de dos años a la hora de ejecutar la condena contra el presunto asesino de Mari Luz es que Tirado desconocía, según confesó, que Santiago del Valle era un pederasta peligroso. El juez justificó esa ignorancia en la falta de un registro en el que poder comprobar el historial del reo. Esta circunstancia le habría impedido enterarse de que Del Valle ya había sido condenado en otro juzgado por abusar sexualmente de una menor, aunque el juez había accedido a concederle la suspensión de la pena a la vista de que no tenía antecedentes. Pero, en realidad, Del Valle no estaba limpio.

Para enredar aún más este galimatías, en el momento de concedérsele esa remisión condicional de la condena, Del Valle ya había sido sentenciado por Tirado, aunque la condena estaba recurrida ante la Audiencia Provincial de Sevilla y no figuraba en ningún registro público. Es decir, todavía no era firme.

Al salir a la luz estos fallos, el Gobierno se comprometió a crear un registro especial para poner fin al descontrol judicial. El nuevo instrumento ofrecerá información sobre las órdenes de busca y captura o detención, medidas cautelares y sentencias no firmes que pesen sobre los imputados, de forma que quede patente su nivel de peligrosidad. Aunque en principio afecta a todos los delincuentes, el banco de datos contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales y concretamente de los pederastas, ya que, si se da el caso, quedará reflejada en él la condición de menor de edad de las víctimas.

Al nuevo banco de datos tendrán acceso los juzgados y tribunales, la fiscalía, la policía y la Guardia Civil. Los jueces dispondrán así de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus decisiones cuando estén enfrascados en un procedimiento penal. También podrán calibrar mejor la existencia de riesgo de fuga cuando haya que decidir sobre la prisión preventiva o la libertad provisional de un imputado.