Antes de dar incluso a conocer los integrantes del Gobierno, el PSOE sorprendió al anunciar la intención de Pedro Sánchez de crear la figura de un Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, que dependerá directamente del presidente. «Hemos trabajado mucho en esta materia y es una de las obsesiones de nuestro secretario general», justificó la número dos del partido socialista, Adriana Lastra.

A partir de ahí, no ha trascendido quién desempeñará la tarea ni cuáles serán sus funciones, pero los especialistas en la materia no dudan de que el Alto Comisionado debería ser una especie de Pepito Grillo que vele porque Gobierno y el resto de las administraciones tengan siempre en mente que España sufre un grave problema de pobreza, que afecta a los derechos de los niños, quebranta su igualdad de oportunidades y arriesga su desarrollo futuro. España es el tercer país de la UE en tasa de riesgo de pobreza, un 29,7% de los menores de 16 años están en esta situación, un total de 2,2 millones. Además, también es el tercer país que menos gasto público dedica a la protección social de familias e infancia (1,3% del PIB frente a una media del 2,4% en la UE). Con estos indicadores, el camino por recorrer es extenso. Por suerte, la hoja de ruta ya está perfilada con el trabajo que el PSOE y otros grupos han hecho en el Congreso así como por el consenso de las oenegés que trabajan con la infancia en torno a las medidas a aplicar, pese a que apenas existen ejemplos comparados de figuras gubernamentales destinadas luchar contra la pobreza infantil.

EL TERCERO DE LA UE / Existe, eso sí, un modelo que marcó un antes y un después, la comisión creada por Tony Blair en 1999, que asesoraba a todos los ministerios y con créditos fiscales, medidas a favor de los cuidados y en apoyo a las familias monoparentales logró que en 10 años la tasa cayera un 16% más que en ningún otro país de la OCDE. Siguiendo esta estela, el presidente francés, Emmanuel Macron nombró el año pasado un delegado ministerial, por lo que el Alto Comisionado español sería el tercer ejemplo en Europa. El sector ha recibido, por tanto, la noticia ilusión y esperanza, porque supone colocar en la agenda un problema que, hasta ahora, no aparece entre las principales preocupaciones de los españoles, pero que según los especialistas necesita de medidas «urgentes».

Las oenegés estarán no obstante, vigilantes para que no sea una mera figura simbólica y, conscientes de que tendrá que actuar con los presupuestos del PP, que solo incluyen 346 millones para la pobreza infantil, de los 1.560 comprometidos en el pacto de investidura para el 2018, reclaman medidas sin coste y habilitar fondos de contingencia o créditos extraordinarios. A este respecto, el secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, aseguró que se buscarán «aportaciones no consignadas» y se agruparán partidas porque las cuentas son modificables. Consciente de esta situación, Gabriela Jorquera, técnico de política de infancia de Save the Children, apuntó que si hay una medida de gasto a priorizar es la de aumentar de 24,10 a 100 euros la prestación por hijo a cargo.

A continuación, pidió generalizar la gratuidad de la educación para niños de 0 a 3 años, para que sus padres pudieran dedicarse a la búsqueda de empleo o recursos y los niños mejoren sus rendimientos educativos.

Entre las medidas que apenas tendrían coste, Save the Children sitúa la necesidad de crear una certificación de familias monoparentales, similar a la de las familias numerosas, que iguale la situación en todo el país, puesto que ya hay comunidades que cuentan con ello. En este sentido, uno de los deberes del comisionado sería mejorar la coordinación entre administraciones.

MEJORA DE INDICADORES/ Desde Unicef, Gabriel González añadió la necesidad de mejorar los indicadores de pobreza, y que en estos no se atienda exclusivamente a la renta sino a los elementos que indican si el niño puede o tiene dificultades para estudiar en casa, entre otros. La organización social reclama que para hacer un análisis riguroso de la situación, el comisionado cuente los especialistas y los niños y sus familias. El retrato de la infancia llevó a Andrés Conde, director general de Save the Children a declarar: «España no es país para niños».

El PSOE ha llevado al Congreso muchas de estas propuestas y la portavoz en la materia, Sonia Ferrer, considera que la figura del comisionado es óptima para impulsar el pacto de Estado de la infancia, que ha fijado la reducción de la pobreza como uno de sus objetivos. Los grupos están consensuando ya medidas, pero es difícil vaticinar si, ante un parlamento tan fragmentado y enfrentado, el acuerdo llegará a puerto. El Alto Comisionado tiene una ardua tarea por delante.