La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que más de 50 estudios científicos demuestran que no hay perjuicios para los niños que crecen en casas con padres del mismo sexo, "sino más bien al revés, muchos beneficios".

De la Vega destacó este aspecto tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al proyecto de ley que modifica el Código Civil para regular el matrimonio entre homosexuales y que contemplará el derecho a solicitar un hijo en adopción.

Junto al de adopción, la reforma establece idénticos derechos que los de un matrimonio tradicional a la hora de recibir una pensión, administrar una herencia, solicitar un crédito o autorizar una operación quirúrgica de la pareja.

REFUERZO DE LA FAMILIA "La mayoría de los españoles creen que debe primar en la adopción el bienestar del niño. Ya hay miles de niños que viven en España con padres homosexuales y no hay ninguna prueba que demuestre que los padres o madres homosexuales son peores o educan peor a sus hijos", insistió la vicepresidenta.

En su encendida defensa del proyecto, Fernández de la Vega replicó a la Iglesia católica y a los sectores conservadores: "No supone el fin de la familia, sino que la refuerza al extender a todos sus beneficios".

ENCAJE CONSTITUCIONAL El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, subrayó que el proyecto "no va contra nadie ni restringe los derechos de nadie, sino que los extiende a todos y acaba con siglos de desigualdad". También insistió en que tiene perfecto encaje en la Constitución española y en que "no busca ni espera" ninguna confrontación con la Iglesia. Recordó que el Ejecutivo cumple con su compromiso de reconocer los matrimonios canónicos y también su disolución.

Sin embargo, nada más terminar la reunión semanal del Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) emitió una nota en la que critica con dureza la iniciativa. "Permitir las uniones del mismo sexo es injusto y erróneo. Los homosexuales no tienen derecho a casarse. La medida tendrá consecuencias negativas que afectarán a toda la sociedad", afirmó con contundencia la jerarquía católica española.

PROYECTO NEGATIVO Desde Salamanca, el presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, consideró que el proyecto "es negativo porque no responde a la verdad del matrimonio ni le hace justicia". "El matrimonio y la familia son dos bienes de enorme importancia para el futuro de la sociedad y del hombre" recalcó el cardenal. El arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, calificó el proyecto legislativo de "retroceso democrático".

El ministro de Justicia anunció que el anteproyecto será enviado por el Ejecutivo para su consulta al Consejo de Estado, pese a no estar obligado a ello. Sin embargo, no será remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No es obligatorio hacerlo. En esta ocasión es potestativo o facultativo", argumentó Fernando López Aguilar.

Esta decisión causó un nuevo desencuentro con el CGPJ, que tiene mayoría conservadora, y con el que ya se enfrentó por la ley de violencia doméstica. Su portavoz, Enrique López, tachó de "gran sorpresa" el anuncio, ya que, a su juicio, el anteproyecto incluye materias que deben ser informadas por el consejo.

López anunció que el pleno del CGPJ del próximo miércoles analizará si es oportuno requerir al Gobierno para que remita el texto.

ASUNTO INTERPRETABLE La Asociación Profesional de la Magistratura(APM) calificó de "anormal" y "fuera de lugar" la decisión del Gobierno de no enviar el anteproyecto al CGPJ. El portavoz de la APM, mayoritaria en la carrera judicial, José Manuel Suárez Robledano, destacó que "las leyes deben ser aplicadas por los jueces, por lo que algo tendrá que opinar su órgano de gobierno".