Casi tres días enteros ha tardado el Gobierno en decir lo que le parecieron las declaraciones que Benedicto XVI hizo poco antes de aterrizar en Santiago de Compostela el pasado sábado, en las que comparó el laicismo de la España actual con el anticlericalismo de los años 30 del siglo pasado, cuando se quemaban conventos e iglesias. Tres días en los que el Ejecutivo se había mordido la lengua evitando el choque con la Iglesia. Hasta que anoche, en Bruselas, el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó que las palabras del Papa "no pasarán a los anales de la mejor diplomacia vaticana".
Rubalcaba, a quien José Luis Rodríguez Zapatero ha encargado mejorar la comunicación del Gobierno, reconoció en una rueda de prensa que la visita del Pontífice ha puesto de relieve las posiciones "discrepancias obvias" entre la Iglesia, de un lado, y el Ejecutivo, el Estado y la sociedad ("porque las leyes son de todos", dijo), del otro.
El número dos del Gobierno mostró una actitud mucho más contundente que el contemporizador ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, encargado de la relación con la Iglesia. Reparto de papeles. Mientras el vicepresidente expresaba el disgusto del Ejecutivo, Jáuregui ejercía de conciliador. Este último dijo que en Barcelona había tenido la ocasión de hablar con varios cardenales españoles, incluido el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco Varela, y que todos ellos "matizaron" las críticas del Pontífice, al igual que hizo el propio portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi.
En esas conversaciones informales, los cardenales y Jáuregui concluyeron, según el ministro, que "se debe y se puede hallar un punto de encuentro entre la laicidad positiva y la fe". "Nadie desea la polémica. La manifestación del Papa --agregó el titular de Presidencia-- responde a un legítimo discurso a sus fieles. El Gobierno, como le dijo el presidente Zapatero al Santo Padre, se rige por el principio de aconfesionalidad".
Ayer, 24 horas después de que el dirigente del PSOE Alvaro Cuesta replicara al ataque del Papa recordando la colaboración de la Iglesia con los fascismos europeos, la ejecutiva socialista rehuyó la beligerancia. Varios dirigentes aseguraron que ni siquiera se había hablado del tema en la reunión, informa Juan Ruiz. Varias fuentes explicaron que el PSOE, que ve cómo el PP mantiene una ventaja de casi 10 puntos pese al oxígeno de los cambios en el Gobierno, tiene ya suficientes problemas como para reabrir el frente religioso.
"Hay que ser respetuoso con la Iglesia porque tiene un gran peso en el país, en nuestros votantes y militantes", declaró el secretario de organización, Marcelino Iglesias, tras la ejecutiva federal. Una actitud prudente que también vio el PP, cuya secretaria general, Dolores de Cospedal, se limitó a decir que no "intepretaba" las palabras del Papa.
EL REGALO DE LA LEY La segunda visita de Benedicto XVI a España ha dejado un regusto amargo en el Gobierno. La carga del Papa contra la laicidad del Estado sorprendieron desagradablemente al jefe del Ejecutivo, a los ministros implicados en la visita papal y a muchos dirigentes socialistas, que ven despreciado el gesto gubernamental de aparcar el proyecto de ley de libertad religiosa. Con esta norma, incluida en el programa electoral, se pretendía regular la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos e institucionalizar la libertad de trato a todas las confesiones.
De hecho, antes de las declaraciones del vicepresidente Pérez Rubalcaba, fuentes gubernamentales habían demostrado sus nulas ganas de confrontación al resaltar que Rouco Varela había declarado en la COPE que las palabras del Papa se referían a la "aportación excepcional" que España hizo para "difundir" la fe católica, y obviaran otra cosa que también dijo el arzobispo con tono de reproche: "España ocupa el primer puesto del ranking del laicismo en el mundo".
