El Gobierno español ha dado los primeros pasos para sacar a los polizones de la situación de desamparo legal en que se encontraban. A instancias de una recomendación del Defensor del Pueblo, el Ministerio del Interior ha enviado una instrucción al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil en que les obliga a determinar, mediante un cuestionario a los polizones, si estos se encuentran en situación de riesgo y si quieren optar al estatuto de refugiado.
La legislación determina que, cuando se descubre a un polizón en un barco que llega a un puerto español, un policía debe subir a bordo y hacer unas preguntas a ese individuo. Hasta ahora, si el extranjero no decía de forma directa que quería el estatuto de refugiado, las autoridades le dejaban en el barco, que seguía su ruta. De hecho, de los 502 polizones que llegaron en el 2003, 387 continuaron viaje en los barcos en que se habían escondido. El año siguiente, de los 387 polizones detectados, 304 continuaron embarcados.
Y eso pese a que su situación suele ser complicada, ya que en muchas ocasiones son víctimas de malos tratos cuando son descubiertos por la tripulación, se les hace trabajar en situación de semiesclavitud o se les recluye en lugares insalubres.
Abogados, oenegés de defensa de los derechos humanos e incluso el Defensor del Pueblo llevaban años mostrando su perplejidad por los poquísimos polizones que, una vez llegados a puertos españoles, pedían entrar en España como inmigrantes o refugiados. "Algo estaba pasando, ya que uno no se mete de polizón en un barco para hacer turismo", comentaron ayer fuentes del Defensor del Pueblo, que llevaron a cabo una investigación sobre esta situación.
En esas pesquisas se constató que ninguna de las preguntas que se le hacían al polizón le permitían explicar por qué se embarcó y si quería asistencia de las autoridades españolas. Justo las dos cuestiones que ahora el Ministerio del Interior ha incluido en el cuestionario que los policías deben hacer a los polizones. A partir de ahora, los agentes deben preguntar a esos extranjeros: "¿Qué solicita a las autoridades españolas?" y "¿Cuáles son los motivos por los que ha abandonado su país?".
DERECHO A UN ABOGADO "Esas preguntas permiten determinar si ese extranjero ha tenido que huir de su país por persecución política, étnica, religiosa o sexual, si quiere pedir refugio en España, si pretende entrar en el país o si está siendo maltratado en el barco", señalan fuentes del Defensor del Pueblo. En muchos de esos casos, la ley establece que el polizón tiene derecho de forma inmediata a la asistencia de un abogado.
La policía tendrá que evaluar las condiciones en que está el polizón, que será desembarcado en caso de que se sea menor de edad, tenga problemas de salud física o mental o haya sido sometido en el barco a "tratos inhumanos o degradantes". Además, se deberá determinar si necesita "protección internacional" como en caso de víctimas de trata.
Pese a mostrarse bastante satisfechos con el cambio, fuentes del Defensor del Pueblo señalan que el Gobierno no recoge su petición de que tengan derecho a un abogado tan pronto como se detecta su presencia.
