El Gobierno se ha puesto manos a la obra para gestionar la inmigración desde una perspectiva global y adoptar políticas que conciten el máximo acuerdo posible.El plan que prepara la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, incluye medidas para frenar las llegadas de sin papeles y agilizar las expulsiones de los que logran entrar en España. También hay mejoras para integrar a los inmigrantes con la documentación en regla, en particular en los municipios con muchos extranjeros. El proyecto --que De la Vega negociará el miércoles con los partidos-- incluye la reforma de la ley de extranjería para aumentar los días de estancia en los centros de internamiento con el fin de que dé tiempo a tramitar las expulsiones.
Los sin papeles permanecen actualmente un máximo de 40 días en los centros de acogida. Un tiempo insuficiente, en opinión del Ministerio del Interior, para que pueda tramitarse su expulsión. La propuesta de aumentar hasta 60 u 80 días ese tiempo de estancia --que es bien acogida por la mayoría de los grupos parlamentarios-- estará acompañada de otros cambios para reducir los trámites del procedimiento de expulsión. El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, --que comparte con el Ministerio de Interior competencias en Inmigración-- no ve con buenos ojos esa reforma de la ley de extranjería y aduce que al aumentar el tiempo de estancia se reduce la capacidad de acogida para los nuevos sin papeles.
