Poco a poco, sin hacer ruido ni dar muchas explicaciones, las partes implicadas en la hasta ahora tímida, inconstante y perdida batalla contra las redes de intercambio de archivos en internet --el Ministerio de Cultura, el de Industria, el sector audiovisual y los operadores de la red-- están sentando las bases para tratar de poner coto al fenómeno. La ofensiva, después de que por vez primera estos cuatro actores parezcan estar mínimamente de acuerdo, tendrá lugar en el 2009, un año en el que la persecución de las llamadas tecnologías P2P --en las que el internauta comparte sus archivos con todos los que como él integran una determinada red--, coincidirá, si la crisis no lo estropea, con la generalización de la fibra óptica: se pasará a una velocidad que puede llegar hasta los 100 megabits por segundo. El año del fin de las descargas, por tanto, será también el de la posibilidad de realizar descargas más rápidas.
NORMATIVA A mediados de diciembre, el titular de Cultura, César Antonio Molina, anunció que "no muy tarde habrá una normativa que regule" la piratería en internet. El ministro, tras anunciar que el Gobierno está "estudiando fórmulas", reconoció que la medida "será muy antipopular". Normal: junto a un país tan distinto como Suecia, España suele liderar la clasificación europea de frenesí pirata. Más sorprendentes son las palabras del secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, quien dos semanas antes, en Bruselas, dijo que el Ejecutivo no descarta reformas legales para que los operadores de la red puedan enviar avisos a los usuarios que se descarguen contenidos protegidos. "Estamos analizando todas esas opciones", concluyó Ros.
El Gobierno solía encarar este asunto dividido: Cultura defendía al sector audiovisual ya asentado, que tiende a ver en el intercambio gratuito de archivos, sin ánimo de lucro, el fin de un modelo de negocio; por contra, las posiciones de Industria se situaban cerca de los internautas y las operadoras, hasta el momento casi las únicas económicamente beneficiadas por el auge del P2P, que ha originado que los usuarios contraten servicios más potentes --es decir, tarifas más caras-- para llevar a cabo descargas más rápidas. Ahora, sin embargo, unos y otros --Cultura e Industria, operadoras y sector audiovisual-- se están poniendo de acuerdo.
Desde hace unos meses, los proveedores de internet como Telefónica, Ono u Orange, agrupados en una asociación llamada Redtel, y la industria audiovisual, representada por una Coalición de Creadores de la que forman parte Promusicae, que aglutina a la mayoría de las discográficas de España, y la SGAE, muy criticada tras recibir una multa de 60.000 euros por contratar a un detective para que grabase una boda y así demostrar el presunto impago de los derechos de autor por las canciones que los invitados bailaban, negocian cómo controlar las descargas. El modelo está claro: Francia, donde existe un proyecto de ley para que el internauta que haya sido cazado intercambiando archivos será advertido una, dos, tres veces y, si persiste en sus descargas, se quedará sin conexión a internet.
EL CASTIGO Como ha señalado la Agencia Nacional de Protección de Datos, el sistema puede suponer una violación del derecho a la privacidad, pues los proveedores tendrían acceso al tráfico de archivos de los usuarios y podrían cortar el acceso a la red sin necesidad de una autorización judicial. Sin embargo, en España, según fuentes de la industria audiovisual, no se está pensando, como en Francia, en algo tan drástico. En lugar de la desconexión a internet, el castigo, por ejemplo, pasaría por la reducción de la velocidad de descarga.
Mientras tanto, los internautas más activos, esos que consideran que el intercambio es su derecho como ciudadanos del siglo XXI, observan el proceso con inquietud y tranquilidad. Ambas al mismo tiempo. Por un lado, atacan las campañas del Ministerio de Cultura, como la más reciente, titulada Si eres legal, eres legal, en la que el departamento asegura cosas tan discutibles como que bajarse música o películas es ilegal, cuando varias sentencias y la Fiscalía General del Estado indican que esta práctica no es delito, siempre que no exista ánimo de lucro. Por otro, opinan que la ciencia siempre camina más rápido que las normas. "Sabemos que cualquier reforma legal se traducirá en un desarrollo tecnológico que impida su aplicación real", comentan desde la red Hacktivistas, cuyos miembros protestaron así el pasado 20 de diciembre: se colocaron frente a la sede del PSOE en Madrid y realizaron una descarga pública, de la que ya habían avisado días antes a la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. No les pasó nada.
Qué ocurrirá en el 2009 si los Hacktivistas lleva a cabo la misma protesta está todavía por ver.
