Los jueces, los fiscales y los policías trabajarán de forma más coordinada para evitar que las mujeres víctimas de malos tratos y supuestamente protegidas por la policía sigan muriendo como consecuencia de la violencia machista. Así se establecerá en el protocolo que firmarán los representantes del ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La medida fue adoptada en la reunión urgente que mantuvo ayer Montserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, con el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Tras el encuentro, motivado por los
últimos asesinatos de mujeres, Comas reconoció que el actual sistema de protección "falla".
La semana pasada, un hombre mató en Getafe a su novia aunque la policía medió en la pelea. Además, en Alzira (Valencia) otro hombre asesinó a su exmujer y dos de sus hijos a pesar de tener una orden de alejamiento. Ambos casos serán investigados por el Defensor del Pueblo.
El plan acordado ayer pretende ser un parche hasta que entre en vigor la ley contra la violencia doméstica, que todavía está en estudio. Ninguna de las medidas incluidas en el protocolo son una novedad.
De hecho, una de las iniciativas incluidas es que jueces, fiscales y policías intercambien datos de los mismos casos. Otra es que los agentes tendrán que informar de cualquier incidencia al juzgado. Además, habrá una "respuesta tajante ante el quebrantamiento de las medidas cautelares". Es decir, los jueces dictarán con más frecuencia prisión provisional para aquellos agresores que burlen el alejamiento. Además, la Policía Nacional y local, y la Guardia Civil trabajarán de forma coordinada.
