El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el Ejecutivo no tiene intención de prolongar más allá del día 15 de enero el estado de alarma decretado para que los controladores volvieran a sus puestos de trabajo en el inicio del puente de la Constitución. El Ejecutivo se guarda en la manga la posibilidad de recurrir a un arbitraje forzoso si antes de que acabe enero la negociación sobre el convenio colectivo no llega a buen puerto.

No obstante, Zapatero se mostró confiado en que una vez reanudada la mesa de diálogo se esté en "condiciones de poder llegar a un acuerdo". Ambas partes se han comprometido a que si antes del 12 de enero no desencallan la negociación, acudirán a un laudo arbitral de común acuerdo. Es decir, que aceptarán la designación de un experto para resolver las diferencias que aún mantengan. En el caso de que los árbitros propuestos no convenzan a las dos partes, el Gobierno impondrá a un especialista en derecho laboral. La fecha tope impuesta por Fomento es el 31 de enero.

LAS DIFICULTADES Fuentes conocedoras de la negociación reconocen que la solución a este conflicto "es razonablemente complicada", puesto que el nuevo marco va eliminar los privilegiados derechos que los controladores lograron en el primer convenio de 1999, cuando gobernaba José María Aznar.

Los motivos de desacuerdo se centran en definir la jornada laboral y su retribución, así como en el pago de las horas extraordinarias y ordinarias, que ha sido de momento fijado por un decreto ley rechazado por los controladores. Otro aspecto en conflicto es el de la formación y las condiciones de trabajo en las torres de control que sean privatizadas.

Las mismas fuentes señalan que uno de los problemas que pueden dificultar el pacto es el proceso penal que afecta a los controladores. Estas fuentes no descartan que los inspectores exijan que se anulen los despidos y sanciones previstos por su actuación en el puente de la Constitución. Pero el Gobierno no puede ceder a esa pretensión porque el proceso por un delito de sedición del código de navegación aérea está en manos de los jueces. El Ejecutivo tampoco puede impedir que prosperen las querellas de los particulares.

LOS PLAZOS La negociación se detendrá la primera semana de enero, según la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), y a partir del 10 se intercambiarán los nombres propuestos por ambas partes para el arbitraje. De momento, se barajan los de Fernando Valdés, catedrático de Derecho del Trabajo, y Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social e inspector de Trabajo.

Si no hay acuerdo sobre el nombre del árbitro, el Gobierno dictará un laudo forzoso y elegirá a un experto en derecho laboral con experiencia en este tipo de conflictos. Al árbitro le tocaría hacer un encaje de bolillos para intentar contentar a las dos partes. La ventaja de esta opción es que el elegido tiene que resolver en un breve plazo.

Por otra parte, fuentes gubernamentales informaron ayer de que tienen "suficientes datos" de que los controladores no preparan "cosas raras" como la huelga que cerró el espacio aéreo el 3 de diciembre. Estas fuentes consideran que los técnicos aéreos se sienten "suficientemente fustigados" tras la reacción del Gobierno de decretar el estado de alarma. Por ello confían en que por primera vez en la historia ejerciten su derecho a la huelga en el caso de que quieran presionar para recuperar sus derechos laborales. En este supuesto se les impondrá servicios mínimos.