La denuncia del Defensor del Pueblo sobre malos tratos, vejaciones y graves negligencias en 26 centros de protección de menores originó ayer numerosas muestras de indignación y la petición de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, a la Fiscalía General del Estado para que actúe ante esta flagrante vulneración de derechos. "Lo revelado es de tal importancia que el ministerio no puede quedarse al margen", subrayó Cabrera, al tiempo que anunció que se pondrá en contacto con las autonomías que tienen la competencia exclusiva sobre estos, "para saber qué es lo que está ocurriendo".
La institución que preside Enrique Múgica relata celdas de castigo "siniestras", aislamientos de tres días, sedaciones abusivas, cacheos, registros arbitrarios y entre otras. Tras visitar 26 centros, los autores del informe dicen que los peores son los que gestiona la fundación O´Belén en Madrid, Castellón y Guadalajara. La Comunidad Valenciana ordenó ayer la apertura de un expediente al centro L´Omet de Elx (Alicante) y al Baix Maestrat de Vinaròs (Castellón). Los menores acogidos allí dicen que hay escasez de comida, se les realizan registros "en cuclillas y sin ropa" y les hacen "muchas contenciones y de forma muy agresiva".
