El Gobierno quiere que los tribunales populares puedan juzgar también a jueces y magistrados que hayan cometido un delito en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, cuando dicten una resolución a sabiendas de que es injusta, infracción castigada con hasta cuatro años de prisión.
La intención del Ejecutivo socialista es realizar una "reforma puntual" de la ley del jurado para atribuirle esta nueva competencia. Actualmente, los ciudadanos pueden formar parte de un tribunal en casos de homicidios, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, cohecho (sobornar a un juez o un funcionario), tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
En respuesta a la pregunta formulada por la senadora del PP María Inmaculada de España, el Gobierno responde que, efectivamente, tiene la intención de que los tribunales populares juzguen a los jueces. El Ejecutivo aplaude la actual normativa y afirma que los jurados populares son "una escuela de ciudadanía". Por último, el Gobierno descarta una modificación a gran escala.
