El Consejo de Ministros estudiará hoy un paquete de medidas para mejorar la lucha contra la violencia machista con algunas iniciativas como que los agresores condenados no hereden el patrimonio de su pareja y que aquellos "incursos en un proceso penal" por este delito puedan disfrutar de la custodia de sus hijos, según explicó ayer la ministra de Sanidad, Leire Pajín.
El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero quiere, además, que el progenitor pierda la custodia si existen "indicios fundamentados" de violencia en la que los hijos pueden ser víctimas "directas o indirectas".
Los jueces ya pueden adoptar esta medida de forma cautelar. De hecho, en los últimos cinco años se ha suspendido la guardia y custodia a 11.052 maltratadores imputados. Sin embargo, el Congreso solicitó que los tribunales no tengan la última palabra y que en aquellos casos con sentencia firme, se adopte de forma automática. Para satisfacer esta petición, el Gobierno reformará el Código Civil (que ya prevé que los procesados no puedan optar a la custodia compartida) para dejar claro que tampoco pueden tener la custodia individual. Se busca, según el argumento del Gobierno, proteger el interés del menor, puesto que los niños que viven en un contexto de maltrato sufren sus consecuencias aunque no sean víctimas directas de los golpes, y que ninguna mujer tema iniciar un proceso de divorcio ante la amenaza de perder la custodia de sus hijos. El Ejecutivo respalda un estudio de Save the Children que calcula que 800.000 menores padecen este tipo de situaciones. Este año cuatro menores han muerto junto a sus madres a manos de las parejas de estas.
La propuesta del Gobierno fue tachada de "propagandística" y "absurda" tanto por los magistrados progresistas de la asociación Jueces por la Democracia como por los moderados de Francisco de Vitoria.
Este colectivo no quiere perder la facultad de decidir en qué casos es necesario prohibir a un padre opinar sobre la vida de sus hijos.
