Nada más ser elegido presidente, Pedro Sánchez aseguró que pondría la pobreza infantil en la agenda política. Decidió crear un alto comisionado, una figura con pocos precedentes en el mundo, al frente de la cual puso a María Luisa Carcedo, la mayor especialista del PSOE en este problema. Y este viernes, cuarto Consejo de Ministros de la 'era Sánchez', el Gobierno ha aprobado un plan de choque para ayudar a los niños que viven en hogares en situaciones de precariedad severa lo antes posible. La intención del Ejecutivo es que "tengan un verano" como el de otros niños y niñas y puedan hacer actividades similares y "dignas".

Para ello, el Gobierno doblará el esfuerzo económico que se destina a programas vacionales para los menores, de cinco a 10 millones de euros, de forma que los niños puedan tomar un desayuno, una comida y una cena, así como participar en actividades extraescolares, deportivas y de aprendizaje.

El cierre de los colegios y sus comedores escolares provoca que algunos menores no reciban adecuadamente las tres comidas al día en julio y agosto, lo que supone, según ha destacado la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, que algunos niños en septiempre se incorporen habiendo perdido peso, hasta cuatro kilos, unos "efectos drámáticos". De ahí que la alta comisionada, en un "tiempo récord", según ha destacado la también ministra de Educación, ha elaborado un plan, en colaboración con Comunidades Autonómas y Ayuntamientos.

España es el tercer país de la UE con una tasa de riesgo de pobreza más alta. Se calcula que un 29,7% de los menores de 16 años sufren esta situación, en torno a 2,2 millones de niños. La crisis económica ha provocado, según los especialistas, toda una generación perdida a causa de las condiciones paupérrimas de sus padres. La llamada "generación de la recesión", que no vive situaciones de hambrunas extremas como en los países en vías de desarrollo pero sí tiene graves carencias, que diferencia a los menores que lo sufren del resto de los niños: sus padres no tienen dinero para llevarles a campamentos, actividades extraescolares, el cine o para comprales una bicicleta.

Sus progenitores están en paro o dedican muchísimas horas a trabajar, lo que les resta tiempo para pasar tiempo de ocio con los niños y darles todo el afecto. Para paliar estas situaciones, las oenegés que trabajan con la infancia advierten de que hace falta ayudas y políticas públicas. Y es que España es el tercer país que menos gasto público dedica a la protección social de familias e infancia, un 1,3% del PIB, frente a una media del 2,4% de la UE. La medida aprobada este viernes, va encaminada, por tanto, a romper esta tendencia.