El Gobierno lamentó ayer que la manifestación antigay del sábado, "de la mano del PP", pidiera que se recorten derechos civiles, cuando la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo "no quita ningún derecho a nadie", en palabras del ministro de Industria, José Montilla. La norma continuará su tramité esta semana en el Senado y se aprobará en el último pleno del Congreso, el 30 de junio.
Montilla criticó que "algunos" que en su momento no salieron a la calle "ni para pedir democracia" lo hicieran el sábado para protestar porque el Gobierno quiere otorgar unos derechos a un colectivo ciudadano. "El Gobierno cumplirá sus compromisos electorales", reafirmó.
FRENAR DERECHOS En la misma línea, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, aseguró que "se trata de reconocer nuevos derechos que a nadie obligan, y de que cada uno pueda casarse con quien quiera". "No entiendo a qué vienen este tipo de manifestaciones, aunque las respeto", agregó Blanco.
Para el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, "lo fundamental es la mayoría, que está porque haya iguales derechos", pese a que la "importante coalición" establecida por la jerarquía eclesiástica y el PP persiga el doble objetivo de "frenar derechos".
La formación democristiana catalana Unió Democr tica, contraria a la ley que permitirá las bodas gays, también acusó ayer al PP de querer "capitalizar en su propio interés" la manifestación del sábado. El secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, invitó a los populares a "defender a la familia en el Congreso y no tanto en la calle".
NEGOCIACION Por su parte, Ignacio García, portavoz del Foro Español de la Familia, convocante de la marcha, confió en que, tras el éxito de la movilización, el Gobierno "dé marcha atrás". Pidió al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que convoque "de inmediato una mesa de negociación con las familias" para consensuar este proyecto de ley y el que agilizará el divorcio.
Daniel Arasa, miembro de la junta directiva de este foro, indicó que con la marcha del sábado "la familia ha salido del armario" e instó a Rodríguez Zapatero a "tomar nota" y "ver si merece la pena recibir o no a las organizaciones familiares, en lugar de lo que ha hecho hasta ahora al negarse a recibirlas".
A juicio del presidente de la asociación catalana E-Cristians, Josep Miró Ardévol, Zapatero debería escuchar a quienes se oponen a esta ley y tener en cuenta que las normas que se aprueban "por un puñado más de votos, sin consenso y con dudosa constitucionalidad", no tienen futuro.
Miró advirtió de que, con este argumento de falta de consenso que el Gobierno ha utilizado para derogar las leyes de educación y del plan hidrológico del PP, un eventual futuro gobierno popular podría también derogar los matrimonios entre personas de mismo sexo.
Dos grandes grafitos aparecieron ayer en la fachada de la catedral de Tarragona acusando a la Iglesia de incitar al odio y reclamando la apostasía, informa Ferran Gehard.
