Tras meses de ardua negociación, el Gobierno central y los sindicatos alcanzaron ayer un principio de acuerdo para sacar adelante la ley de autonomía personal, conocida como la ley de dependencia, una de las grandes apuestas sociales del Ejecutivo. La norma, financiada al 50% entre el Gobierno central y las comunidades, pretende cubrir las necesidades de todas las personas que no pueden valerse por si mismas. Entre otros aspectos, la ley consagrará la figura del cuidador familiar, que cotizará a la Seguridad Social y percibirá una ayuda económica.

El principio de acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno, CCOO y UGT deberá ser ratificado hoy o mañana, ya que, con toda probabilidad, el Consejo de Ministros aprobará la ley el viernes. A partir de ahí, el texto será remitido al Parlamento para su convalidación definitiva.

Según las cifras oficiales, en España existen 2,7 millones de personas que no pueden valerse por si mismas. De ellas, 1,3 tienen una dependencia grave. La ley pretende cubrir las necesidades de todos ellos. Sin embargo, debido a su complejidad, la norma se implantará de forma paulatina. El periodo de transición durará hasta el 2015. Durante los primeros años las ayudas económicas y sociales irán a parar a los grandes dependientes hasta que, finalmente, alcancen a todos.

El coste del Sistema Nacional de Dependencia es muy elevado y podría rondar los 10.000 millones de euros, en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB). La financiación del sistema correrá a cargo de la Administración central (50%) y de las comunidades autónomas (50%). La parte que debe pagar el Estado provendrá, al principio, del superávit que genera la Seguridad Social, que, precisamente, ronda el 1% del PIB. Más tarde, será cubierto vía impuestos.