El Gobierno vasco puso ayer en solfa la acusación que pesa sobre Arnaldo Otegi al reconocerlo como un "significado dirigente político". La portavoz del Ejecutivo en funciones, Miren Azkarate (PNV), adujo que la sociedad vasca debe conocer "con rapidez" y "sin dejar resquicio alguno a la duda" los motivos del encarcelamiento del portavoz de Batasuna.
Azkarate subrayó que determinadas actuaciones llevadas a cabo de la Audiencia Nacional "no se libran de la sospecha" de estar motivadas por un "impulso político" derivado de un pacto antiterrorista "muerto". Declaró respetar la libertad e independencia de los tribunales, pero también les exigió "claridad, rapidez y concisión".
La portavoz justificó su demanda recordando que casos precedentes en este tribunal, como el que determinó el cierre del diario Egunkaria, han demostrado tener "muy poca sustancia y muy poca fundamentación". Azkarate sugirió que la prisión dictada contra Otegi supuso la respuesta adoptada ante la bomba colocada por ETA en Madrid, y preguntó si alguien "cree que son aportaciones positivas para llegar a la paz".
FINES POLITICOS El presidente del PNV, Josu Jon Imaz también se preguntó acerca de si es posible "creer en serio" que a un dirigente de ETA se le ponga una fianza para poder salir a la calle. "¿Es que nos hemos vuelto todos locos o qué?", dijo en declaraciones a la cadena privada Tele 5. Añadió que la decisión de encarcelar a Otegi busca "fines políticos" más que una "aplicación rigurosa de la justicia".
Por su parte, el secretario general de EA, Unai Ziarreta, y el portavoz de Ezker Batua, Antxon Karrera, subrayaron el "impulso político" de la decisión judicial. Y Patxi Zabaleta, de Aralar, recalcó la "barbaridad jurídica" que supone basar el delito en las ideas y no en los hechos.
