Los futuros GPS para controlar los movimientos de los maltratadores condenados, ya anunciados por el Gobierno a finales del mes pasado, contarán con un sistema multialarma. Es decir, cuando el agresor se acerque a la víctima, el aviso de peligro lo escucharán varias personas al mismo tiempo --como los funcionarios del centro de control o seguimiento, la policía o los familiares o allegados de la agredida-- para así evitar la posibilidad de que la alerta caiga en el vacío.

La medida, de la que informó ayer el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, llega después de que el pasado sábado, en Pontevedra, un hombre llamado Maximino Couto acabara con la vida de su actual pareja. Tras el asesinato machista, Couto se dirigió a la vivienda de su exmujer, a la que ya había agredido en otras ocasiones. De ahí que, tras la condena y paso al tercer grado de su exmarido, esta contara con protección electrónica. Al no hallar a su antigua esposa, el homicida hirió a dos de sus vecinos. Couto se había desembarazado de la pulsera de seguimiento, pero la alarma, que debe sonar cuando un maltratador se deshace del dispositivo, no fue detectada en ningún momento.

A partir de aquí, las versiones difieren. Instituciones Penitenciarias, de quien depende el control de los maltratadores condenados, ha dicho que todo se debió a un "fallo humano", pero el sindicato de prisiones Acaip achaca lo ocurrido a la máquina: la alerta, según esta versión, saltó 30 minutos después de que Couto se deshiciese de la pulsera. Lo único seguro, por el momento, es que estos dispositivos, en los lugares donde se han aplicado --en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pero no en Catalunya-- suelen estar sujetos a errores.

EN MARZO O ABRIL Los nuevos dispositivos anunciados ayer por Lorente, en cualquier caso, no comenzarán a funcionar hasta marzo o abril del 2009, y solo, siempre que el juez lo estime oportuno, para las mujeres que estén expuestas a un mayor peligro de ser agredidas por sus actuales o antiguas parejas. El delegado del Gobierno estimó que se trata de "unos 3.000 o 4.000 casos en los que hay que poner barreras entre la víctima y su agresor", que suponen cerca de un 5% de todas las denuncias por maltrato.