Las grandes superficies comerciales y los edificios de oficinas de más de 4.000 metros cuadrados tendrán que producir parte de la electricidad que consumen instalando placas solares fotovoltaicas. Esta es una de las muchas novedades dirigidas a fomentar el ahorro energético que introduce el código técnico de la edificación que, tras meses de dudas y retrasos, fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El nuevo reglamento es una de las normas más esperadas de la democracia. A través de 10 documentos que suman más de 1.000 páginas pone al día las exigencias básicas de cómo debe ser un edificio, adaptando el sector de la construcción al protocolo de Kioto y a varias directivas europeas pendientes de trasposición desde hace años. El sector se regía por "normas preconstitucionales" que datan de hace unos 30 años, según la ministra de la Vivienda, María Antonia Trujillo.
En el terreno del ahorro energético, el documento establece también la obligatoriedad de instalar placas termosolares en todos los edificios de nueva construcción o en rehabilitación para calentar entre el 30% y el 70% del agua sanitaria en función del consumo.
Otros aspectos que contempla la normativa estatal, son la obligatoriedad de efectuar un estudio geotécnico antes de construir cualquier edificio, el uso de materiales que impidan la propagación del fuego, contadores individuales para el agua, la adecuación de espacios para ubicar la basura reciclable, facilitando la recogida puerta a puerta, y normas para evitar las caídas al vacío de personas durante las obras y una vez finalizadas estas.
EN VIGOR Aunque el código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE --probablemente la próxima semana--, no será de aplicación obligatoria hasta pasado un año, excepto en los capítulos de ahorro energético y la seguridad contra incendios, que tendrán un plazo de seis meses. Los edificios afectados serán los que vayan a obtener licencia de nueva construcción o de gran rehabilitación a partir de ese momento. La ministra aseguró que el impacto sobre el precio de las viviendas será "mínimo", de tan sólo el 1%, y éste se amortizará en unos cinco años, gracias al ahorro energético. En cualquier caso, la rentabilidad "social, económica y medioambiental" superará el encarecimiento. Según las estimaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la implantación de exigencias energéticas supondrá un ahorro para cada edificio de entre el 30% y el 40% del consumo de energía.
