Greenpeace ha criticado el tratamiento que se hace en los Presupuestos Generales del Estado a la lucha contra el cambio climático, que a su juicio demuestra el desinterés del Gobierno por esta cuestión.
El gasto para prevención de la contaminación y el cambio climático ha sufrido un recorte del 45% en la partida, que ha pasado de los 50,85 millones que se destinaron en el 2016 a los 27,64 millones de euros en el 2017. Para la Oficina Española de Cambio Climático este año se han presupuestado 26,94 millones de euros en gastos, lo que supone un 45,8% menos respecto de los 49,67 millones de 2016.
Para Greenpeace, esto supone "una pérdida de prioridad quedemuestra el desinterés del Gobierno en el mayor problema que afronta la humanidad, cuyas consecuencias perjudicarán gravemente la vida de la población española. Además, manda una señal política muy negativa de falta de compromiso con el cumplimiento delAcuerdo de París, justo cuando más se necesita mostrar fortaleza para resistir los ataques de la Administración Trump".
"GUIÑO PUBLICITARIO"
La organización ecologista exige "coherencia" al Gobierno para dotar las medidas que deberá incorporar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como el Plan Integrado de Energía y Clima que cada país europeo tiene que presentar antes de fin de año.
“Con esta partida presupuestaria es muy difícil hacer frente al cambio climático y cumplir nuestro compromiso del Acuerdo de París y avanzar hacia un sistema eléctrico en 2030 basado prácticamente al completo en energías renovables”, ha declarado Tatiana Nuño, responsable de la Campaña de Cambio Climático de Greenpeace. "Con esta partida, la ley de cambio climático puede ser una mero guiño publicitario sin capacidad de reacción".
Otro de los puntos que preocupan a Greenpeace es la disposición adicional que habilita al Ministerio de Energía a destinar el superávit de la tarifa eléctrica a pagar indemnizaciones a las eléctricas, una excepción que contradice la ley en vigor, de este mismo Gobierno, por la que el sobrante de la tarifa eléctrica, cuando se produzca, debe destinarse en primer lugar a enjugar el déficit acumulado que pagan los consumidores. “Vemos un ejemplo más de la política que favorece a las eléctricas y como venimos denunciando, aquí el que contamina, cobra”, ha concluido Nuño.
