Cuatro organizaciones que se definen como partidarias de la vida han convocado una manifestación en Madrid, y concentraciones simultáneas en otras ciudades españolas, para el 29 de marzo, en protesta por los términos con que el Gobierno prevé reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Su objetivo, dijeron, es difundir "el derecho a vivir y proclamar un rotundo no al aborto". Este pronunciamiento deja constancia de que no se trata de un rechazo a que dicha ley sea modificada, sino la reactivación de la oposición que esos colectivos mostraron en 1985 ante la aprobación de la ley del aborto, que ha estado en vigor desde entonces bajo gobiernos del PP y del PSOE.

Como ya hiciera el lunes ante la presentación de la campaña de la Conferencia Episcopal Española contra dicha reforma, el PP se mostró ayer condescendiente con la manifestación. Los convocantes, Derecho a Vivir, Hazte Oír, Médicos por la Vida; y Grupo Provida Madrid, han dado muestras de contar ahora con más apoyo político y eclesial que en 1985, cuando el movimiento social a favor de la regulación del aborto fue contundente. De hecho, en aquel momento fue el Ministerio de Sanidad el que aportó los argumentos de salubridad que hacían aconsejable regular unas intervenciones que, hechas de forma irregular y clandestina, suponían la muerte por infección de miles de mujeres cada año.

En la actualidad, en cambio, el peso de la reforma ha recaído en un ministerio nuevo, el de Igualdad, que no afronta la modificación legal desde una perspectiva médica sino jurídica, un argumento que cuenta con menos respaldo social que el del 85. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció ayer que se reunirá con los grupos provida con el fin de incorporar a la ley alguna de sus motivaciones.

En medios sanitarios y políticos ha sorprendido, en cualquier caso, que la modificación de una ley con 25 años de evolución haya destapado los viejos rechazos que movió su promulgación.