Las investigaciones sobre el asesinato del alcalde de Fago, Miguel Grima, incluyen una vertiente de carácter económico. Según numerosas fuentes, la situación económica del edil asesinado atravesaba un momento delicado. Se había endeudado para poner en marcha su casa de turismo rural --que no parecía boyante-- y el trabajo de su taller de bobinas estaba bajo mínimos.

Distintas fuentes vinculan uno de los proyectos que impulsaba en los últimos tiempos con el campo del urbanismo. Fago carece de más término municipal que el que ocupa su casco urbano. Paralelamente, comparte con Ansó, del que se separó en 1830, los beneficios de la explotación de un monte en una proporción de 80%-20%. Hace unos meses, Grima reclamó un deslinde de los dos términos. Reclamaba que pasaran a Fago la quinta parte de las tierras. El litigio, que tramita el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés, habría supuesto que 5.200 de las 26.000 hectáreas de Ansó pasaran al pueblo.

Varias fuentes apuntan que algunos constructores se habían interesado por las posibilidades de explotación urbanística del valle, uno de los últimos rincones vírgenes del Pirineo. Sin embargo, el deslinde no ha sido resuelto y la aprobación de la ley del Parque Natural de los Valles Occidentales, en diciembre, ha limitado las perspectivas de expansión constructiva en la zona.

La Guardia Civil ha interrogado en los últimos días a vecinos de Fago y Ansó que habían mantenido litigios judiciales con Grima o con el ayuntamiento.

Hace unos meses, por ejemplo, un juzgado de Jaca lo conden por una falta de lesiones por haber agredido a una residente. Grima la acusó por desacato a la autoridad. Sin embargo, el juez lo desestimó y declaró probado que había pegado a la mujer.

PRUEBAS VOLUNTARIAS Según fuentes próximas a la investigación, los agentes tomaron las huellas de estas personas, así como muestras de saliva para practicarles la prueba del ADN y compararlas con restos orgánicos obtenidos del coche de la víctima. Solicitaron el consentimiento de los afectados, aunque su declaración se produjo únicamente en calidad de testigos y sin presencia de abogados.

Por otra parte, el presidente provincial del PP, en Huesca, Antonio Torres, negó ayer que la Subdelegación del Gobierno ofreciera protección policial al alcalde y aseguró que el 11 de abril del 2006 lo acompañó a la subdelegación y le comunicó a su titular la existencia de diversas amenazas personales contra el alcalde. Sin embargo, agregó que este no le ofreció ayuda.