El plan de inspecciones contra el empleo de inmigrantes irregulares puesto en marcha tras la regularización dará prioridad a "las zonas de mayor actividad económica", con lo que Barcelona y Madrid serán las dos provincias donde se concentrarán los esfuerzos del Ministerio de Trabajo para erradicar la economía sumergida. Por sectores, el punto de mira estará en la construcción, la agricultura y el textil.
El programa, expuesto ayer por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, a los sindicatos UGT y CCOO y a la patronal CEOE, se inició el pasado lunes e incluirá 200.000 inspecciones y el análisis de la situación laboral de medio millón de trabajadores.
Para alcanzar estos objetivos se empleará al completo la plantilla de 1.610 inspectores y subinspectores de Trabajo, que el 1 de junio se incrementará en 50 plazas más. También se ha previsto una nueva oferta pública de empleo con otras 100 plazas adicionales. Si se cubren los objetivos, los inspectores duplicarán los ingresos que percibieron el año pasado en concepto de productividad.
Frente al escepticismo mostrado por algún sindicato de funcionarios, que habló de falta de personal, el ministerio, los empresarios y los sindicatos consideraron ayer que "el plan es perfectamente realizable" con nuevos medios puestos a disposición de la inspección.
PRIMERA ACCION El plan empezó el lunes y uno de sus primeros frutos en Cataluña fue la detención en Badalona de cuatro propietarios de locutorios, acusados de explotar y contratar irregularmente a sin papeles.
