Los empresarios de hostelería y del sector del ocio lanzaron ayer una dura ofensiva contra la ley del tabaco, que vetará fumar en todos los espacios cerrados, con una inusual manifestación frente a los ministerios de Economía e Industria. El objetivo, según reconoció el presidente de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), José María Rubio, es aprovechar la última oportunidad (hoy termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado), para que el PP incorpore en el texto aprobado en el Congreso su principal reivindicación de habilitar cubículos cerrados de hasta el 30% de la superficie de los locales donde los clientes puedan fumar.

Durante la protesta, que contó con unos 50 dirigentes hosteleros de toda España, Rubio reiteró su argumento de que la ley es "un ataque" a sus intereses y una "amenaza" para la estabilidad económica de más de 400.000 empresas. "Será la puntilla del sector y la ruina total para 195.000 trabajadores autónomos", subrayó ayer.

ALTADIS DA LA CARA La ofensiva contó con el apoyo del lobi tabaquero mundial. Dominic Brisby, presidente de Altadis, filial de Imperial Tobacco y la principal tabaquera española, vaticinó en el diario El País : "La ley fracasará. Gobierne quien gobierne en España, tendrá que dar marcha atrás". Brisby, que defiende una moratoria de 18 meses, alardea de que el daño será mínimo para su industria (una caída pasajera del 3% en la facturación) pero causará un "desastre" para la industria hostelera. "Es la ley más radical del mundo", sostiene el responsable de Altadis, que por primera vez ha cargado con voz propia contra el proyecto.

El PP, grupo mayoritario en la Cámara Alta, recogió el guante de los empresarios y anunció ayer que incluirá en sus enmiendas la habilitación de cubículos para fumadores en los locales y que la ley entre en vigor el 1 de julio del 2011 en lugar del 2 de enero. "Defendemos la salud de los ciudadanos, pero ante la actual crisis no se pueden buscar más problemas a los sectores afectados.", argumentó la portavoz popular Dolores Pan.

CAMBIOS EN LA CAMARA ALTA Pan, médico de profesión, confió en que estas dos enmiendas tomen cuerpo en el texto remitido por el Congreso durante su tramitación en el Senado a partir del 2 de diciembre. Incluso confió en que estas enmiendas puedan mantenerse a su vuelta al Congreso de los Diputados.

El Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que engloba a 41 sociedades médicas, pidió a los senadores y diputados que resistan las presiones de última hora de hosteleros e industria para colocar enmiendas que debiliten la ley o permitan fisuras. "Aquí solo pierden la salud y el Estado, que ha de afrontar un coste social y sanitario del tabaco de 16.476 millones de euros al año. Las pérdidas económicas en el negocio de la hostelería se han demostrado falsas en todos los países de la UE", defendió su portavoz, Rodrigo Córdoba. El experto subrayó que el negocio de la hostelería no puede ser el consumo de tabaco en sus locales, sino la restauración, y que las tabaqueras deben ceñirse al suyo de vender tabaco. "Solo buscan, con las excepciones, mantener el modelo español para imponerlo a otros países europeos y latinoamericanos, generar confusión y promover el incumplimiento de la ley", agregó Córdoba.