El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tendrá que tragarse sus palabras del lunes sobre la falta de legitimidad de los jueces huelguistas del 18 de febrero para sentarse a negociar con el Gobierno. El sector duro de la judicatura cuenta desde ayer con el apoyo de las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, al decidir ambos romper la unidad con los otros dos grupos profesionales (la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la progresista Jueces para la Democracia) y sumarse al paro convocado dentro de 18 días en 30 provincias.

Esta decisión garantiza a los magistrados más beligerantes con el Gobierno dos puestos con voz y voto en la mesa negociadora, lo que quizás dejará perplejo a un Bermejo que se hartó de repetir que sus únicos interlocutores eran las cuatro asociaciones porque los huelguistas radicales solo representaban "un 20%" del total de jueces.

Los consejeros de las autonomías con competencias de Justicia pidieron ayer, tras reunirse en Barcelona, una "reforma en profundidad" y un encuentro "inmediato" con Bermejo y el Poder Judicial para fijar un calendario para modernizar la justicia.