Por vez primera en los más de 100 años de historia de la Lotería Nacional, los loteros quieren ir a la huelga. Una disposición adicional de la ley de presupuestos generales, todavía en trámite parlamentario, cambia su régimen jurídico, actualmente basado en las concesiones administrativas, por uno que se fundamenta en el derecho privado, a través de contratos mercantiles. Los vendedores dicen que lo que busca el Gobierno es "privatizar" la Lotería, y, si no cambia el texto normativo o desde el Ejecutivo se sientan a negociar con ellos, detendrán su actividad el próximo 24 de noviembre y a partir de ahí, todos los miércoles de diciembre. El director comercial de Loterías y Apuestas del Estado, Juan Antonio Gallardo, dijo que "privatización, ninguna", que el cambio era una mera trasposición de una directiva europea y que quienes disfrutan de una concesión administrativa pueden seguir con ella hasta que renuncien, se jubilen o fallezcan.

Sin embargo, según Miguel Angel Rodríguez, secretario sectorial del juego de UGT --convocante de la huelga junto a CCOO--, el cambio de régimen implica una privatización y abre la puerta a las grandes empresas, con quienes los loteros tradicionales no podrán competir. Miquel Barrull, presidente de Asociación Profesional de Loterías y Apuestas (APLA), una de las tres patronales del sector, dijo ayer lo mismo tras participar en una protesta durante la presentación del sorteo de Navidad. "Es una reconversión en toda regla, pero me parece más grave que se haga sin ningún debate parlamentario, porque las disposiciones adicionales, dentro de una ley de presupuestos, no se leen. Nosotros nos hemos quejado de la norma a algunos diputados y nos han dicho que la desconocían".

"Casi nada de lo que dicen es cierto --respondió el director comercial de LAE--. Pueden acogerse al nuevo régimen de derecho privado si quieren".