El pazo de Meirás fue durante 40 años el símbolo del poder autoritario del franquismo, y durante otros 40 más se ha convertido en emblema de la impunidad con la que sus herederos han venido disfrutando de los bienes que el dictador expolió.
Las Torres de Meirás, nombre bajo el que las levantó la aristócrata Emilia Pardo Bazán a caballo de los siglos XIX y XX, son un castillo de estilo romántico de más de 2.000 metros cuadrados de superficie rodeado de 10 hectáreas de fincas y bosques en el municipio coruñés de Sada.
Franco y su mujer, Carmen Polo, se encapricharon con ellas al poco de comenzar la guerra civil. El pazo, con capilla, torres almenadas y una valiosísima biblioteca, reflejaba a la perfección la imagen de fiero líder bélico dotado de virtudes intelectuales y espirituales, merecedor por la gracia divina del fiel vasallaje de sus súbditos, que el tirano empezaba a construirse.
En 1938, Franco ya se había hecho con él, mediante una supuesta cuestación popular que incluyó expropiaciones y descuentos bajo amenaza en las nóminas de los funcionarios. Con ese dinero la Diputación de La Coruña habría adquirido el palacete para regalárselo.
El pazo fue el icono de la red clientelar que permitió a los Franco amasar su fortuna, utilizando los recursos de Estado para reformarlo, ampliarlo y mantenerlo, expropiando viviendas y terrenos. Así lo relatan Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo en el libro Meirás. Un pazo. Un caudillo. Un expolio, la mayor y más documentada investigación histórica que se ha publicado hasta la fecha sobre el tema. En ella desvelan cómo, tras la muerte del dictador, sus herederos ejecutaron varias operaciones inmobiliarias con terrenos expoliados que les reportaron plusvalías millonarias.
En el 2008, a instancias del Gobierno autonómico del PSOE y el BNG, el pazo fue declarado Bien de Interés Cultural. Tras agotar los recursos ante la justicia, los Franco tuvieron que permitir las primeras visitas del público cuatro días al mes a partir de mayo del 2011. Desde entonces burlan ese régimen con frecuencia, aunque solo han recibido una sanción de 4.500 euros en casi siete años de incumplimientos. Hace unos meses, la familia encargó la gestión de las visitas a la Fundación Nacional Francisco Franco, que anunció que las usaría para hacer apología del franquismo.
La muerte de Carmen Franco y la creciente presión para que devuelvan el pazo al patrimonio público ha llevado a los herederos a ponerlo a la venta por ocho millones. Mientras tanto, la Diputación de La Coruña ha logrado, gracias a la investigación de Babío y Pérez Lorenzo, la base legal para reclamar su restitución sin coste alguno para el Estado. Según la documentación de la que disponen, en realidad nadie regaló el Pazo a Franco, sino que fue él quien lo robó mediante una operación de compra fraudulenta.
