A las puertas de la apertura de negociaciones con el Gobierno socialista para revisar el sistema de asignación tributaria, la Iglesia católica se plantea diferentes posibilidades para obtener más recursos y llegar a autofinanciarse a través de los fieles que, por la vía de los impuestos, quieren colaborar a sostener su actividad. A la aportación que hoy se obtiene con el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), el vicesecretario de Asuntos Económicos del episcopado, Fernando Giménez Barriocanal, aboga por sumar, utilizando la misma fórmula, la procedente de otros tributos como el impuesto sobre el patrimonio.

Más del 85% de los 136 millones que los presupuestos del Estado destinan a la Iglesia, según los últimos datos del 2003, proviene de la asignación voluntaria del IRPF. Ese año, el Gobierno entregó 19,8 millones de euros adicionales a la Conferencia Episcopal Española (CEE) como complemento financiero, en virtud de los acuerdos de colaboración suscritos entre España y la Santa Sede en 1976 y 1979.

Giménez Barriocanal explicó ayer a este diario que se trata de hallar "un marco estable" que deje la financiación de la confesión a salvo de futuras reformas fiscales o políticas. "Hablar sólo de modificar el porcentaje del 0,52% de la cuota íntegra del IRPF y elevarlo hasta el 0,7% o el 0,8% es simplificar la situación".

Desde que, en 1988, se puso en marcha el actual sistema de asignación tributaria voluntaria, fue en 1993 cuando la Iglesia estuvo más cerca de alcanzar la autofinanciación, lográndolo en un 93,1%. Aquel año un 42,3% de los contribuyentes (sin contar Navarra y el País Vasco) optó por donar un 0,52% de la cuota íntegra del IRPF a la institución religiosa y el Gobierno no habilitó ninguna partida adicional.