Las autoridades húngaras mantienen en el aire la fecha en la que podrán volver a sus casas los vecinos de Kolontár, la aldea más afectada por el vertido tóxico de la pasada semana y que fueron evacuados el sábado ante el riesgo de una nueva riada de lodos contaminantes. Aunque desde Protección Civil se indicó hoy que los habitantes podrían regresar ya mañana, Györgyi Tüttös, portavoz de este organismo, aseguró más tarde que "se mantiene la alerta" y que continúa la espera mientras prosiguen los trabajos de limpieza. Tüttös explicó a Efe que las calles de Kolontár y de Devecser, la otra localidad más afectada, han sido limpiadas con yeso por lo que en muchos puntos ya "desaparecieron las manchas rojas que había dejado el lodo", mejorando así "la calidad de vida". De momento, los soldados destacados en Devecser para dirigir una posible evacuación de emergencia se han retirado ya a sus cuarteles. Al mismo tiempo, siguen los trabajos de refuerzo del dique construido para evitar que un posible nuevo vertido alcance a zonas habitadas, aunque el número de operarios ha bajado de 1.200 a 800. En Kolontár se han demolido ocho casas ubicadas en la zona más vulnerables en caso de que la balsa que provocó el vertido del día 4 termine de fracturarse y cause una nueva ola tóxica. La concentración de polvo tóxico en el aire, generado al secarse el lodo, obliga a los trabajadores a usar máscaras de protección. Se espera que en la planta de producción de aluminio a la que pertenece la balsa que provocó el vertido retome su actividad hoy o mañana. Tímea Petróczi, portavoz de Protección Civil, explicó hoy a Efe que la producción en la empresa MAL podrá reiniciarse hoy o mañana, en función de "cuándo se consigan las autorizaciones oficiales". El director de MAL, Zoltán Bakonyi, detenido esta semana bajo la acusación de negligencia, fue puesto ayer en libertad, ya que la fiscalía no pudo argumentar de forma convincente los cargos. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ya dijo el lunes que lo sucedido se debió a un error humano y que los responsables serían "castigados severamente". De hecho, la empresa ha sido puesta bajo control estatal, para evitar que se pierdan los 3.000 puestos de trabajo que dependen de esta planta.