La Audiencia Provincial de A Coruña ha fijado una indemnización de más de 1.600 millones de euros por los daños ocasionados por la catástrofe medioambiental que ocasionó la rotura del petrolero Prestige, de los que la mayor cuantía, 1.573 millones, corresponde al Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales, según informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El auto de ejecución de la sentencia -que recoge una cuantía muy inferior a la que la fiscalía estableció en el juicio por daños: 4.328 millones de euros para España, un total de 4.442 millones incluyendo los provocados al litoral francés- también fija un pago de 61 millones al Estado francés y otros 1,8 millones a la Xunta de Galicia por los gastos de reciclaje del fuel, informa Europa Press.

La resolución se hizo pública dos días después de cumplirse los 15 años del siniestro y obliga a pagar a los condenados -el capitán del barco, Apostolos Mangouras, y la aseguradora, The London Steamship Owners Mutual Insurance Association- «por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses».

Subsidiariamente, deberá hacer frente al pago la propietaria del buque, Mare Shipping INC, mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a pagar indemnizaciones según el convenio aplicable, que ya adelantó.

En enero del 2016, el TS modificó parcialmente el fallo que la Sección Primera de la Audiencia de A Coruña emitió en el 2013 y abrió la puerta a la vía de la responsabilidad civil al condenar al capitán del petrolero a dos años de prisión por un delito medioambiental, frente a los nueve meses que le impuso la audiencia provincial por desobediencia.

Esta entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados sostienen que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones. Los afectados pueden recurrir la sentencia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Hasta ahora, la aseguradora -la única vía, según la Fiscalía de Medio Ambiente gallega, para que los afectados pendientes de cobro perciban su dinero- solo se había mostrado dispuesta a abonar los 22,7 millones de fianza que depositó en el 2002.