El titular de Trabajo e Inmigración, el extremeño Celestino Corbacho, tiene previsto presentar hoy ante el Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la ley de extranjería, que endurecerá las reagrupaciones familiares y alargará el periodo de internamiento de los extranjeros en situación irregular. Según han avanzado a este diario fuentes gubernamentales, con la aprobación de la reforma de la actual ley, los inmigrantes solo podrán reagrupar a su familia una vez que hayan cumplido cinco años de residencia legal en España.
Además, en el texto de la norma, el Gobierno se muestra favorable a que los extranjeros no comunitarios puedan votar en las elecciones municipales. Aunque es la primera vez que en un documento se muestra partidario del sufragio de los extranjeros, el Ejecutivo evita legislar de momento sobre el tema. En cambio, se desconoce si el Gobierno va a pronunciarse sobre la demanda hecha desde la Generalitat de reducir de 10 a cinco años el plazo de residencia legal para optar a la nacionalidad.
EVITAR COLAPSOS EN ESCUELAS Actualmente, bastan dos años de residencia legal en España para que un extranjero pueda solicitar la reagrupación familiar. Esto hizo que el gran volumen de reagrupaciones se produjera en los años 2007 y 2008, cuando el grueso de inmigrantes que obtuvo sus papeles en la regularización extraordinaria del 2005 cumplió los dos años necesarios para traerse a sus familias.
Y esa no es la única restricción que incluye la reforma de la ley, que vetará que los inmigrantes reagrupen a sus padres si estos tienen menos de 65 años. En cuanto a la reagrupación de los hijos en edad escolar, la reforma establecerá la obligación de que la familia notifique esa llegada con tiempo para que las escuelas o institutos puedan prever el aterrizaje de nuevos alumnos. La intención es evitar situaciones como las que se han producido en numerosos municipios, donde las escuelas de determinados barrios se han visto desbordadas por la llegada repentina de numerosos niños extranjeros.
La única medida flexibilizadora incluída en esta reforma consiste en ampliar el concepto de familia. Hasta ahora, el inmigrante solo podía reagrupar a su cónyuge, es decir, a su esposa o su marido. Ahora, en cambio, el Gobierno abre ese abanico a las parejas de hecho. No obstante, el impacto de esta reforma es limitado pues el estatuto de pareja de hecho está poco extendido en los países en vías de desarrollo. En cambio, la reforma no modifica los requisitos del arraigo social, el único mecanismo que ahora queda a los sin papeles para regularizar su situación.
El texto de reforma de la ley incluye la extensión de 40 a 60 días el periodo de reclusión de extranjeros en situación ilegal antes de ser devueltos a sus países de origen. Esa disposición es el modo en que el Gobierno español aplica la normativa aprobada el pasado mes de junio por los 27 países de la Unión Europea que permitían que los distintos estados recluyeran a los inmigrantes hasta un máximo de 18 meses sin orden judicial.
GARANTIAS JUDICIALES Además, aunque aún falta conocer el enunciado definitivo, el Gobierno prevé aumentar las garantías judiciales en los procesos de expulsión. Esta es una insistente demanda de colectivos de derechos humanos, sindicatos y del Defensor del Pueblo, que denuncian la indefensión de esos extranjeros.
En cualquier caso, el visible endurecimiento del discurso del Gobierno respecto a la inmigración y esta reforma restrictiva de la ley han sido criticados por los agentes sociales. La Secretaría de Inmigración de CCOO en Cataluña ha calificado abiertamente de "regresiva" la política de celestino Corbacho. Según CCOO, la nueva ley de extranjería "elimina derechos, como el de vivir en familia".
El sindicato denuncia que el ministro mantiene un discurso que culpa a la inmigración de la crisis y del paro. El secretario de Inmigración de CCOO, Gassán Saliba, reprocha a Corbacho que "haya insistido tanto en el plan de retorno en lugar de en formar a esos extranjeros para otros empleos".
