El instructor del expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado --que no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés-- concluye que el magistrado debe ser sancionado con una multa de entre 300 y 3.000 euros.

Así, mientras el tutor designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Wenceslao Olea, califica los hechos como una "infracción grave", la fiscalía cree que se trata de una falta "muy grave" de desatención o retraso en la tramitación de una causa. La diferencia es que, de considerarse una infracción muy grave, el castigo podría ser de suspensión por hasta tres años, traslado o expulsión de la carrera judicial.

En una nota de prensa la Fiscalía recuerda que cuando el pasado 7 de abril la Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó abrir un expediente a Tirado ya consideró que la falta podía ser calificada de muy grave. "Tras analizar los hechos, el fiscal constata que, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle --el presunto asesino de Mari Luz-- y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no fue notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda durante más de dos años", dice la nota, que añade que Tirado "tampoco examinó la ejecutoria para comprobar las razones del retraso en el ingreso en prisión".

"El fiscal entiende que en estas circunstancias --incomparecencia del penado, no suspensión de condena--, lo procedente habría sido ordenar la busca y captura del Santiago del Valle, expidiendo las requisitorias pertinentes", agrega el comunicado.

Por último, el Ministerio público señala que "la función jurisdiccional comprende no solo el deber de juzgar sino también el de ejecutar lo juzgado" y añade que, aunque intervienen más instancias, el juez tiene la obligación de controlar que la resolución se lleve a efecto.

Ante esta situación, el CGPJ pidió calma y recordó que esta sanción al juez de Sevilla "no es definitiva" y que será el órgano de Gobierno de los jueces quienes tomarán la decisión firme el 10 de septiembre, teniendo en cuenta la posición de la Fiscalía.

REACCIONES Mientras, las tres principales asociaciones de jueces coincidieron ayer también en pedir respeto por el procedimiento disciplinario abierto a su compañero, informa Efe.

Tras el revuelo, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, afirmó ayer que la consideración de la Fiscalía "se ajusta más a la ley y a la justicia" y le parece "un acierto". En declaraciones a Europa Press, Cortés alabó esta decisión, ya que "si cualquier ciudadano está sometido al cumplimiento de la ley, los jueces tienen que deberse a su órgano interno que vela y que regula los errores que ellos cometen".