Un mes después de que se produjese el mayor motín antigubernamental en la red desde que esta existe, una revuelta que forzó al Gobierno a dar marcha atrás en su plan inicial de cerrar administrativamente, sin previa autorización judicial, las páginas web que facilitan los intercambios no autorizados de archivos --canciones, películas, series o videojuegos--, el Consejo de Ministros aprobará hoy sus medidas para proteger la propiedad intelectual en internet. Falta por conocer al detalle la fórmula elegida para regular un fenómeno que ha dejado a la industria cultural, según su propia descripción, en "estado agonizante", pero, antes de que el Ejecutivo la desvele, el colectivo de usuarios de internet, con la Asociación de Internautas (AI) y algunos blogueros al frente, ya han vuelto a mostrar su más frontal rechazo.

Un día después de la reunión de los ministros en La Moncloa --es decir, el sábado--, este sector, cuyo manifiesto contrario a los planes del proyecto ya ha cosechado más de 200.000 adhesiones, también celebrará su propio cónclave: allí estudiarán con lupa el proyecto del Ejecutivo para, según explican, "plantear y coordinar las acciones necesarias para la defensa de los derechos civiles en internet.

Son numerosos sus motivos para el no, pero los fundamentales se reducen a dos. Por un lado, rechazan que un órgano administrativo pueda ordenar la clausura de una determinada web porque considere que viola los derechos de autor --aquí, a diferencia de Francia, el Gobierno no pretende perseguir al usuario que se descarga archivos-- sin que un juez haya estudiado previamente el fondo del asunto. Por otro, los internautas asumen que la regulación se hará por vía reglamentaria, esto es, sin que se discuta en el Parlamento.

LA MARCHA ATRAS La titular de Cultura, Angeles González-Sinde, anunció a principios de diciembre que una comisión administrativa, dependiente de su ministerio, perseguiría a las webs que permiten las descargas. En ningún momento habló del visto bueno previo de los tribunales, y el malestar en la red fue tal que dos días después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la desautorizó al decir que no se cerraría "ninguna web" sin autorización judicial. Sus palabras de entonces sugieren que el Ejecutivo se inclina por un enfoque en el que el cierre cautelar de una web, decretado por la Comisión de Propiedad Intelectual, deba contar con la aprobación de un magistrado, que, sin embargo, no tiene por qué valorar si esa clausura está justificada. Solo entraría a estudiar si el organismo de Cultura es competente para hacerlo. La Coalición de Creadores considera que este modelo, de confirmarse, será "positivo". "La fórmula satisfará a todos", dijo González-Sinde el martes. En este asunto, parece difícil.