El Gobierno de Estados Unidos ha decidido, 22 años después de un accidente similar al de Spanair, introducir un cambio en la ley de alarmas en los aviones que podría haber impedido la tragedia de Barajas. Es solo un ejemplo de la ineficaz lentitud con la que trabajan muchos de los organismos encargados de controlar el tráfico aéreo y los tribunales en los que recae la investigación de los siniestros. En el caso de España, la falta de experiencia en desastres aéreos y la escasa cooperación entre las autoridades administrativas y judiciales, así como las trabas que ambas se ponen entre sí, agravan notablemente la situación.

INCERTIDUMBRE El juez que instruye el caso, Javier Pérez, apenas ha comenzado a investigar por qué el MD-82 se estrelló tras despegar. "Todavía está en la casilla de salida", denuncia Carlos Villacorta, abogado especializado en la defensa de víctimas de tragedias aéreas y que en el caso del MD-82 representa a una decena de familiares de los fallecidos. El magistrado, al conocer el primer informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), imputó a los dos técnicos que revisaron el avión, pero fue una acusación preventiva, para que pudieran contar con un abogado y negarse a responder, porque todavía no existen pruebas concluyentes.

Pérez quiere constituir una comisión con expertos independiente de la Ciaiac --cuyo objetivo es mejorar la seguridad aérea, no encontrar culpables-- en previsión de que en el futuro los abogados exijan un informe complementario. Sin embargo, no ha encontrado peritos que satisfagan sus exigencias. Designó a ocho pero, seis meses después, los recusó por no cumplir "los imprescindibles requisitos de imparcialidad". Habían trabajado para Iberia, conocían a los mecánicos imputados o no tenían conocimientos suficientes. Eso le llevó a solicitar un informe a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), que se negó porque consideró que no es de su competencia.

Por otra parte, la Ciaiac, en la que están representados pilotos, técnicos y Spanair, es decir, colectivos interesados --pero no los pasajeros--, "no está facilitando toda la información al juez", según Villacorta. Por ejemplo, las cajas negras. En el otro lado, el magistrado ha impedido a la comisión que desmonte el dispositivo que alimentaba el sistema sonoro que falló en el accidente y el traslado de la pieza a la sede de Boeing. Dice que es posible que se destruyera una prueba fundamental.

El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC) también está en contra del "solapamiento" de ambas investigaciones. Su vocal Eduardo Gavilán es partidario de que se hagan de forma independiente para que los resultados sean más rápidos. Además, el COPAC propone que la comisión no dependa de Fomento, sino del Parlamento, para que gane imparcialidad.